Tania Sirias
Hace un año Nicaragua realizó reformas a la Ley Electoral; sin embargo, no se incluyó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual manda al Gobierno a reconocer los periodos, los procedimientos y mecanismos de elección, de acuerdo con los usos, costumbres y tradición de los pueblos indígenas.
El exvicecanciller para Asuntos Indígenas, Joel Dixon, explicó que la Asamblea Nacional no realizó ninguna incorporación de la sentencia que favoreció a la organización indígena Yatama.
“Para que alguien llegue a ocupar espacios públicos en el país debe competir dentro de un partido político. Sin embargo, los pueblos originarios no tienen partidos políticos, quedan fuera del juego”, expresó Dixon.
Manifestó que las elecciones de los pueblos indígenas se deben realizar a través de asambleas comunales, territoriales e intercomunales. El trabajo del Consejo Supremo Electoral (CSE) sería certificar esa elección, sin más reglas.
“Hasta el momento, esta forma de elección no se está cumpliendo con los diputados y concejos regionales. La representación de los pueblos originarios debe realizarse a través de los usos, costumbres y tradiciones”, recalcó el exvicecanciller para los pueblos indígenas.
LOS ALIADOS
El dirigente de Yatama, Brooklyn Rivera, dijo que han conversado con sus aliados, los diputados del Frente Sandinista, quienes le aseguraron que en la próxima reforma a la Ley Electoral se incluirá la sentencia de la CIDH.
“Se van a incluir los aspectos que tienen que ver con la participación efectiva de parte de los pueblos indígenas. Este sistema electoral es ajeno a la realidad de los pueblos indígenas, por lo tanto son violatorios a los derechos políticos”, dijo Rivera.
SENTENCIA INCUMPLIDA
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida el 23 de junio 2005, declaró violaciones a los derechos políticos, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial efectiva de los candidatos de Yatama, quienes fueron excluidos de las elecciones municipales del 5 de noviembre del año 2000 en la Región Autónoma Atlántico Norte y Sur de Nicaragua.
La sentencia ordenó medidas para evitar que los hechos ocurridos a Yatama se repitieran. Sin embargo, ocho años después no se ha cumplido esta sentencia.
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