Regulación e inversión

La actividad regulatoria en el sector de las telecomunicaciones puede incentivar la inversión, o por el contrario, puede desincentivar la misma. Visto lo anterior, es fundamental que los objetivos de la regulación estén basados en el tratamiento de la situación objetiva del mercado y sus actuaciones deben ser proporcionales tanto a la situación de partida como al objetivo final buscado.

Hjalmar Ruiz Tückler

Consultor

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La actividad regulatoria en el sector de las telecomunicaciones puede incentivar la inversión, o por el contrario, puede desincentivar la misma. Visto lo anterior, es fundamental que los objetivos de la regulación estén basados en el tratamiento de la situación objetiva del mercado y sus actuaciones deben ser proporcionales tanto a la situación de partida como al objetivo final buscado.

No se puede olvidar que como consecuencia del proceso de liberalización y de las obligaciones en él establecidas, la situación actual de la competencia en muchos mercados conlleva una importante dependencia del desarrollo de redes a la regulación. Por todo ello, toda acción regulación requeriría de un análisis de situación detallado de las circunstancias (a través de un análisis de mercados) y unas medidas transitorias que permitiesen la adaptación de los agentes al nuevo entorno.

La finalidad última de la regulación es garantizar al conjunto de los usuarios el acceso a los servicios de telecomunicaciones en condiciones adecuadas de elección, precio y calidad. En ese sentido, es preciso tener presente que la competencia en los mercados es un instrumento de garantía de dicha capacidad de elección. Por ello la regulación, aun considerando el hecho básico de que no es posible la competencia en ausencia de competidores, no pretende tanto favorecer a los competidores, como crear un entorno suficiente de competencia.

Como consecuencia, muchos organismos reguladores consideran que la existencia de una situación de competencia en beneficio de los usuarios no implica que en dicho entorno puedan y deban progresar todos los operadores que lo deseen, en tanto que, tal y como nos enseña la experiencia en otros mercados, en un entorno de competencia efectiva solo los agentes más eficientes sobreviven y dicha eficiencia suele ir asociada a la inversión y a la innovación.

En realidad, no se trata de que cada operador pueda competir directamente con el dominante, sino que en su conjunto los participantes en un mercado limiten la capacidad de cualquiera de ellos de actuar de forma independiente de los demás, de sus clientes y en última instancia de los consumidores.

Por último, no se puede olvidar el carácter territorial del desarrollo de las redes de acceso, lo que implica un potencial diferencial (transitorio y/o permanente) en el grado de competencia y de servicio, que introduce el riesgo de generación o aumento de la brecha digital con impacto directo en los usuarios.

Por otro lado, el despliegue de las redes de telecomunicaciones al igual que otros muchos despliegues de infraestructuras, es siempre un proceso largo, que lleva años, y a veces décadas, y que se soporta sobre la existencia de una demanda potencial solvente, es decir, con capacidad de rentabilizar las inversiones.

El carácter territorial del despliegue produce potenciales situaciones diferenciadas, tanto en cuanto a la intensidad competitiva, más acusada en las áreas de concentración de la demanda, como en cuanto a las condiciones de suministro de redes alternativas, dependiente también de la capacidad inversora de los operadores, diferencias que será necesario estudiar y considerar a efectos de la regulación y de las medidas concretas a aprobar.

Por otra parte, este potencial diferencial en las condiciones de suministro de los servicios y el consiguiente deseo de los poderes públicos involucrados de paliar las diferencias, requiere una cuidadosa aproximación que permita que se refuerce la oferta y se extienda la innovación en los servicios con un enfoque pro-competitivo (tal como promoción de la demanda vs. promoción de la competencia), de forma que el mercado sea complementado y reforzado por la acción pública y nunca sustituido por ella, porque no se debe olvidar que la ausencia de oferta suele ser consecuencia directa de una falta de demanda, y que la desincentivación de la inversión genera los mayores problemas, así como que desde los poderes públicos no se puede asistir de forma pasiva a la aparición de fenómenos de exclusión social derivados de las deficiencias del propio mercado.

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