Luego de una multitudinaria marcha en la que el orteguismo demostró una vez más su poderío económico para movilizar a miles, entre seguidores y trabajadores del estado de acuerdo o no con el gobierno, sorprendió la presencia de Porfirio García, presidente de la Unidad Nacional de Adulto Mayor.
«Se nos ha dicho que se reanudan las negociaciones para continuar buscando la forma de obtener ayuda técnica que tanto requerimos. Por esa razón, queremos garantizar a todos los nicaragüenses que no tenemos más que intenciones de carácter social», aseveró García, escoltado en la tarima por el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López; y el diputado sandinista Gustavo Porras.
«Nos comprometemos a continuar avanzando en restituir los derechos de los adultos mayores», dijo Roberto López, quien dos días atrás había asegurado que «no hay» recursos para garantizar la pensión reducida por la que unos 15 mil ancianos organizados llevan luchando durante los últimos cinco años.
Acto seguido, Porfirio García tomó la palabra para agradecer «a todas aquellas personas que nos han dado su apoyo, su solidaridad para que nuestra demanda de vejez cada día esté más cerca y tengamos esperanza y podamos llevar una vida mejor».
En palabras de García, el gobierno se ha comprometido a continuar entregándole a los ancianos un bono solidario que va de 700 a 1,200 córdobas, y la ayuda técnica, es decir, anteojos, sillas de ruedas, muletas, bastones, etc.
Según el diputado y también sindicalista del gremio médico, Gustavo Porras, hoy una comisión gubernamental se reunió con 30 delegados departamentales de la Unidad Nacional de Adulto Mayor, organización que durante una semana completa logró llamar la atención de medios nacionales e internacionales, al tomarse el edificio central del INSS, donde permanecieron aislados por la Policía en acto inhumano que los mantuvo sin alimentos ni agua ni servicios higiénicos.
Al tercer día de protesta, a los ancianos se unieron jóvenes de diversos sectores, quienes los acompañaron en la protesta y les brindaron avituallamiento; todo esto fue tachado por Gustavo Porras y el resto de seguidores del presidente inconstitucional Daniel Ortega, como una «manipulación de la derecha para desestabilizar al gobierno».
Después de una semana de protesta en la que los ancianos recibieron aislamiento, hambre, golpes y la solidaridad de muchos sectores, entre ellos el empresarial y la Iglesia Católica, el gobierno anunció que accede a continuar con las negociaciones.
