Lucía Navas
Al empresario Pedro J. Gutiérrez le gustaría conocer las razones de las autoridades para no desalojar a más de 300 personas que tienen tomada de forma ilegal parte de su propiedad en Matagalpa, y que como consecuencia tiene frenada la construcción de una urbanización.
Gutiérrez desde hace ocho meses ha tocado las puertas y expuesto el problema al procurador general de la República, Hernán Estrada, la Alcaldía de Matagalpa, con la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, pero ninguno ha cumplido con su compromiso de “resolver el problema” para desalojar a los tomatierras.
Estas gestiones igual las hizo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), pero tampoco logró nada.
La Granja, el proyecto urbanístico afectado por las invasiones, está diseñado para construir 250 viviendas con un valor de entre 150,000 y 500,000 dólares cada casa. El terreno completo son 32 manzanas.
AFECTA TODO
Gutiérrez aseguró que los habitantes del residencial han sufrido robos, además que se presenta un problema de insalubridad, porque el asentamiento ilegal creado no cuenta con sistema de agua potable.
La invasión de la propiedad inició en octubre pasado por unas cincuenta familias. “Y al día de hoy, para que tengan una idea de que no nos han escuchado ya hay unas 300 o 400 personas invadiendo la tierra, para nosotros en Matagalpa es un golpe brutal porque se estaban creando fuentes de trabajo”, se quejó el empresario.
Llamó al Gobierno central a frenar las tomas de tierras, porque en el caso particular de la urbanización La Granja se perjudica tanto a la empresa desarrolladora como a Bancentro y Banpro, bancos que financian las viviendas.
El empresario aseguró incluso que se ha constatado que “cinco o seis personas” de cada diez tomatierras “tienen propiedad en otros lugares” lo que demuestra que las invasiones ilegales “son un negocio”.
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