Judith Flores
El sesenta por ciento de las acciones fue para la familia Solórzano, el restante cuarenta se lo quedaron el Gobierno y los sindicalistas.
En 2007, con el retorno de Ortega al poder, la familia Solórzano fue nuevamente despojada al recibir una oferta de compra, acción que no fue cumplida.
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No está dicha la última palabra en el caso Solka. El abogado de los dos accionistas del laboratorio y empresa médica en disputa, Alfonso Oviedo Reyes, dijo que apelará la sentencia judicial ante el Tribunal de Apelaciones.
El caso significa un revés para los accionistas de la compañía ubicada en Nicaragua.
Lylle Araya Solórzano y Roberto Solórzano mantienen una lucha desde el 2008, a fin de que el Estado de Nicaragua les cumpla con el compromiso de pago que adquirió por la compra de las acciones.
Ante la falta de pago, los accionistas han demandado al gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega.
Inicialmente, la juez de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida falló a favor de los accionistas del laboratorio, ordenando al Estado de Nicaragua el pago de 18 millones de dólares a los afectados.
Semanas más tarde, la juez se retractó de su sentencia, luego que el gobierno del inconstitucional sometió una moción de nulidad de los dos fallos en el que se le ordenaba pagar por las acciones de Solka. El gobierno de Ortega alega inmunidad soberana de Estado y la falta de jurisdicción de Estados Unidos. Incluso amenaza con contrademandar.
Oviedo dijo que la sentencia de nulidad de la juez tiene errores. “Hay errores de apreciación del caso. En su fallo, la juez dice que fue una transacción consensual que ocurrió en Nicaragua”, dijo Oviedo.
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