Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
El estado de Costa Rica y específicamente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), impidió durante seis meses la atención médica a extranjeras indocumentadas con embarazo, pero la decisión al menos por la vía legal fue revertida por la insistencia de quienes defienden derechos de los inmigrantes y ante la confusión en los hospitales.
Mediante el oficio ACE-206-10-2012 del diez de octubre del año pasado, la CCSS limitó la atención a «casos de urgencias» a extranjeras indocumentadas embarazadas.
Pero revirtió la medida en el oficio DJ-02829-2013 del 30 de abril 2013, tras gestiones de académicos de la Universidad de Costa Rica y la asociación Merienda y Zapatos, además de la confusión del personal médico que atiende a embarazadas en los hospitales.
Este segundo oficio determinó que una extranjera indocumentada con embarazo puede “ser atendida consulta externa para llevar control prenatal, odontología, dermatología, oftalmología, entre otras especialidades médicas”.
“Es deber de la institución otorgar el acceso a los servicios de salud, tanto a las mujeres embarazadas como a los menores de edad, indistintamente de su estatus ante la seguridad social, de su condición migratoria, se logre identificar o no, tal y como lo se deriva del Código de la Niñez y la Adolescencia, todo en aras de la protección del nasciturus (el que ha de nacer) y la de su madre”, concluye.
El sociólogo y co fundador de Merienda y Zapatos, Carlos Sandoval, lamentó que instituciones costarricenses invoquen el principio de legalidad para negarles derechos a los inmigrantes y sobre todo a niños, como ocurrió con el caso de la CCSS.
Los propios funcionarios de atención materno infantil de los hospitales del país también expresaron inquietudes, porque limitaba el acceso a los servicios de salud y violaba los derechos fundamentales de la legislación nacional e internacional y Costa Rica se exponía al crecimiento del riesgo de morbi mortalidad de la mujer embarazada y niños menores de un año.
La CCSS aclaró además que “en cuanto a la atención pre natal y post parto a las mujeres extranjeras embarazadas e indocumentadas, que no se encuentran cubiertas bajo ninguna modalidad de aseguramiento, en aquellos casos en que la persona no tenga capacidad de pago, se procederá a generar la factura por el cobro de los servicios correspondientes, con cargo al Estado”.
Sandoval citó otro ejemplo de negación de derechos a extranjeros, pues en el estatal Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), también viola convenios internacionales suscritos por Costa Rica a favor de la niñez y la adolescencia, al no permitir la matrícula de extranjeros en condición migratoria irregular, alegando razones de legalidad.
“No es problema por falta de recursos porque según la Contraloría, en el año 2012 esta institución (INA) sub ejecutó el 29 por ciento del presupuesto estatal asignado. Con eso tenemos elementos para decir más específicamente que tienen derecho los extranjeros y existe el dinero para el estudio”, acotó Sandoval.
“Lo que pretendemos es que tan siquiera sean candidatos a elegir una vez cumplido los requisitos académicos y nuestra tesis es que ese principio de legalidad también incluye la normativa internacional a la cual el estado ha suscrito”, añadió.
