Judith Flores
Corresponsal / Miami
El abogado de los dos accionistas de Solka, Alfonso Oviedo Reyes, dijo que apelará la sentencia judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El caso significa un revés para los accionistas de la Solka, Lylle Araya Solórzano y Roberto Solórzano, que mantienen una lucha desde el 2008, a fin que el estado de Nicaragua les cumpla con el compromiso de pago que adquirió por la compra de las acciones. Ante la falta de pago los accionistas han demandado al gobierno del inconstitucional presidente, Daniel Ortega.
Inicialmente la Juez de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, falló a favor de los accionistas de Solka, ordenando al estado de Nicaragua el pago de 18 millones de dólares a los afectados.
Semanas más tarde la judicial se retractó de su sentencia, luego que el gobierno del inconstitucional sometiera una moción de nulidad de los dos fallos en el que se le ordenaba pagar por las acciones de la Solka. El gobierno de Ortega, alega inmunidad soberana de estado y la falta de jurisdicción de Estados Unidos.
Oviedo dijo que la sentencia de nulidad de la Juez tiene errores. “Hay errores de apreciación del caso, en su fallo la Juez dice que fue una transacción consensual que ocurrió en Nicaragua “.
De acuerdo al abogado, la judicial no tomó en cuenta algunos elementos, “que el estado actuó como privado por ser una transacción comercial, por lo tanto existe jurisdicción. El contrato entre los accionistas y el estado de Nicaragua, no específica el lugar de pago de las acciones y como consecuencia se exige aquí”.
Y es que la Ley del poder judicial y de Procedimiento en Estados Unidos, establece en el capítulo 97, artículo 1602, que de acuerdo al derecho internacional, los Estados no son inmunes a la jurisdicción de tribunales extranjeros en lo referente a sus actividades comerciales, y sus propiedades comerciales.
Otro artículo en el que respaldan su demanda contra el gobierno orteguista, es el 1605, que establece que un estado extranjero no gozará de inmunidad de jurisdicción en los tribunales de Estados Unidos, cuando el acto se realice fuera del territorio en relación con una actividad comercial del estado extranjero, o bien en otro lugar, y ese acto ocasiona una causa o efecto directo en los Estados Unidos.
Para Oviedo, estos dos artículos son claros “los dos accionistas tienen residencia en Estados Unidos desde hace más de 30 años”.
El Código de Bustamante, es otro de los argumentos de la parte demandante, del que Nicaragua es signatario, ese convenio expresa inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero cuando actúa como poder público pero no cuando ha obrado como persona de derecho privado.
“Hay un error en la nulidad de la sentencia, pero afortunadamente en este país existen recursos para apelar, creemos que existen los suficientes elementos para revertir ese último fallo de la Juez ante el Tribunal de Apelaciones”, sostuvo Oviedo.
En la década del ochenta, el régimen militar sandinista confiscó la Solka. En 1990 esa empresa le fue retornada a la familia Solórzano con el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro. El 60 por ciento de las acciones fue para la familia Solórzano, el restante cuarenta se lo adjudicó el Gobierno y los sindicalistas.
Pero en 2007, con el retorno de Ortega, al poder, la familia Solórzano fue nuevamente despojada. En el 2008, los accionistas de la Solka, aceptaron la oferta de compra del gobierno, un acuerdo que fue sellado el 14 de octubre del 2008, pero ese compromiso nunca fue honrado por la actual administración nicaragüense.
