Antigua, Guatemala/AFP/AP/ACAN-EFE
Los 34 cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron el jueves, cerca de la medianoche, en la Asamblea General del organismo, la Declaración de Antigua que incorpora a la salud pública, educación e inclusión social en el nuevo enfoque antidrogas que buscará consensuar la región.
En medio de debates, de dos días, que evidenciaron las divergencias sobre la visión de lo que debe ser en el futuro la política en materia de narcóticos, los cancilleres del hemisferio coincidieron en que el actual esquema, que data de hace más de cuatro décadas, ha fracasado en líneas generales y hay que revisarlo.
Los tiempos previstos para esa evaluación por parte de la OEA están definidos: en 2015 culmina el plan de acción a cuatro años vigente y en 2016 debe ser renovado para un nuevo período.
La hoja de ruta convenida en la Declaración de Antigua incluye la celebración de una asamblea general extraordinaria en 2014, en la que “se definirán los lineamientos para el inicio de la discusión de la estrategia continental sobre las drogas” para el período 2016-2020.
“Quisiera que en 2014 y 2015 se dieran cosas concretas para que en 2016 se tomen decisiones” y que América llegue a la ONU con un planteamiento para discutir las convenciones sobre drogas, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Los insumos para elaborar la nueva política continental de drogas, según el consenso de los cancilleres, serán aportados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la Organización Panamericana de la Salud, y la Cumbre de Ministros de Justicia y Seguridad de la región.
DECLARACIÓN DE ANTIGUA
El documento, de 20 puntos, hace énfasis en que “las políticas de drogas deben contener una perspectiva transversal de derechos humanos (…) con el fin de promover y lograr el bienestar de la persona, su inclusión social, el acceso a la justicia, a la salud, entre otros”.
Los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) establecieron que “el abordaje de nuevos enfoques sobre el problema mundial de drogas en las Américas” esté “basado en el conocimiento y la evidencia científica”. También señalaron que “es necesario” que la región “en base al principio de responsabilidad común y compartida” fortalezca e impulse la cooperación hemisférica “reconociendo, entre otros, los diferentes impactos y manifestaciones en cada país” del problema de las drogas.
Los países de la OEA reconocen la “importancia de implementar plenamente la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, que constituyen el marco del sistema internacional de fiscalización de drogas”.
Además “reconocen al Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) como el único instrumento hemisférico válido para la evaluación de las políticas de control de drogas en los países que componen el sistema interamericano”, y que “la evaluación de las políticas de control de drogas debe ser un ejercicio multilateral”.
MEDIDAS EFICACES NECESARIAS
Los países del continente señalan en su Declaración de Antigua que para reducir los niveles de violencia asociados al problema mundial de las drogas resulta esencial aplicar y fortalecer medidas más eficaces para prevenir la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como su desvío hacia los grupos delictivos. Miles de personas mueren por causas asociadas al narcotráfico. En Centroamérica, puente del 95 por ciento de la droga que llega a Norteamérica desde América del Sur, se registran anualmente 20,000 muertes, y en México, la lucha contra el narcotráfico dejó entre 2006 y 2012 más de 70,000 muertos.
La declaración también resalta los compromisos de incrementar, en el marco de las legislaciones internas de cada Estado, los esfuerzos para prevenir, detectar y sancionar las operaciones de lavado de activos provenientes de actividades delictivas y reforzar la cooperación internacional para prevenir el ingreso, flujo y egreso de dichos activos a los sistemas financieros.
El canciller de Brasil, Antonio Patriota, se mostró “satisfecho con los resultados” de la cita anual, porque la Declaración de Antigua recoge unos conceptos que se identifican con la visión brasileña de enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva integral. La lucha antidrogas con “énfasis en la represión no funciona, no produce los resultados satisfactorios”, dijo.
En otra rueda de prensa, el canciller boliviano, David Choquehuanca, valoró “las coincidencias, el compromiso de encarar de manera conjunta” las drogas, y sostuvo la posición de su país de que no está de acuerdo con la “legalización ni tampoco con las certificaciones unilaterales”.
La Declaración de Antigua también incluye “Fortalecer la capacidad de los Estados y sus instituciones para mejorar sus políticas y mecanismos de coordinación, fiscalización y transparencia para enfrentar el problema de las drogas” y “Fortalecer la prevención, tratamiento, rehabilitación, en el consumo drogas”.
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