Asunción/EFE
La audiencia preliminar por la matanza que, hace casi un año, costó a Fernando Lugo la Presidencia de Paraguay comenzó hoy en el Palacio de Justicia de Asunción, donde la Fiscalía pidió abrir juicio oral contra 12 campesinos acusados y sobreseer el caso contra otros tres de ellos.
Una de las acusadas amamantaba a su bebé recién nacido cuando entró en la sala la jueza encargada del caso, Yanine Ríos, quien procedió a dar lectura a las pruebas antes de que el fiscal, Jalil Rachid, hiciera su exposición.
Rachid pidió el sobreseimiento del caso contra tres de los 15 detenidos porque «las pruebas no los vinculan» con los hechos del 15 de junio de 2012, cuando once campesinos y seis policías murieron en un enfrentamiento en una hacienda en Curuguaty, en el noreste paraguayo.
Esa matanza fue el detonante del juicio político parlamentario que derivó en la destitución de Lugo en junio de 2012, por mal desempeño en sus funciones.
En ese hecho, la Policía había acudido a desalojar a un grupo de «sin tierras» de una hacienda cuya propiedad estaba en disputa entre el Estado y el empresario Blas N. Riquelme.
Rachid incluyó el delito de invasión de inmueble entre los cargos contra los acusados, que también están imputados por homicidio doloso y asociación criminal.
Los abogados de la defensa han objetado en los últimos meses que la Fiscalía imputara sólo a campesinos y ha denunciado que obvió líneas de investigación sobre presuntos abusos de la Policía o la posible participación de francotiradores que instigaron el tiroteo.
Además de recusar, sin éxito, al fiscal por la amistad de su familia con la de Riquelme, la defensa ha promovido ante la Justicia civil una causa que pedía determinar la propiedad de la hacienda antes de que comenzara el juicio penal.
«Están empantanados porque encimaron dos cosas: primero tendrían que resolver sobre la propiedad de las tierras y, cuando eso concluya, volver a convocar la audiencia», aseguró a Efe Guillermo Ferreiro, uno de los abogados defensores.
«Están apurados y (…) van a provocar la nulidad del juicio», añadió.
Las pruebas contra los campesinos «son contundentes», aseguró Rachid, quien citó entre ellas unas 120 declaraciones de testigos, unas 250 documentales, así como las pericias e informes técnicos y científicos de la investigación.
«Queremos hacerle hablar a esas pruebas», sostuvo el fiscal, quien insistió en las conclusiones de su investigación, según las cuales «los ocupantes fueron los que atacaron a la Policía».
Tras asegurar que la Policía fue la «víctima», Rachid mantuvo que, «si hay que investigar a la Policía, habría que haber hecho una denuncia formal en relación a un hecho determinado».
Familiares y amigos de los acusados y activistas de derechos humanos llenaron la sala del tribunal y se manifestaron en el exterior del Palacio de Justicia, custodiado por agentes antidisturbios.
«Poder Judicial, verg enza nacional» o «Rachid, asesino, tienes las manos manchadas de sangre», gritaban los congregados, parte de ellos miembros de Vía Campesina, del Frente Guasú, la congregación política de izquierdas que lidera el hoy senador electo Lugo.
También celebraron el pedido de sobreseimiento contra Miguel Ángel Correa, Marcelo Trinidad y Alfredo Caballero, detenidos los dos primeros en el hospital de Curuguaty cuando acudieron a ver si había familiares suyos entre las víctimas, y el tercero por hallarse una fotocopia de su cédula de identidad entre la documentación incautada.
«Llegamos a la conclusión que no formaron parte de lo ocurrido, ni estuvieron dentro del inmueble», admitió el fiscal.
El defensor público, Joaquín Enrique Díaz Jiménez, que representa a Correa y Trinidad, dijo a Efe que ha pedido «un juicio de responsabilidad contra algunas autoridades ineptas y corruptas» por la detención de ambos.
Tras un receso para almorzar, la jueza reanudó la sesión sólo para anunciar que la audiencia seguiría mañana, cuando resolverá previsiblemente sobre los sobreseimientos solicitados por Rachid, dijo a Efe otro de los abogados de la defensa, Vicente Morales.
Para el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Ernesto Schulman, presente en la audiencia, esta es «trascendental» porque puede definir el derecho de los campesinos a la tierra en América Latina y la cuestión de la «criminalización de la protesta social».
«Esto es una farsa que venimos a denunciar. Además, sobre la base de esta ficción se construyó el golpe de Estado, limpio y sin armas, contra Lugo», aseveró a Efe Schulman.
