Lucía Navas y Tania Sirias
Pasando por encima de los procedimientos de consulta a las leyes, la bancada orteguista se prepara para usar su aplanadora y aprobar mañana un paquete de reformas a cuatro leyes que endurecen las acciones legales contra los usuarios del servicio eléctrico y premian con diversas concesiones a TSK-Melfosur Internacional, la nueva dueña de las distribuidoras.
Así lo exponen diputados opositores, quienes también califican el proceso como “oscuro”.
El procedimiento lleno de vicios en que se cae empieza con el hecho de que no entregaron el nuevo Protocolo de Entendimiento suscrito entre las empresas Disnorte-Dissur, el Gobierno de Nicaragua y TSK Melfosur Internacional, tras la compra de las acciones a Gas Natural.
Los legisladores opositores Agustín Jarquín y Enrique Sáenz aseguran que conocer este protocolo es fundamental para estar claros de la magnitud de lo que el Gobierno amarró realmente con TSK-Melfosur.
Ambos criticaron que la reunión de urgencia convocada para los miembros de la Comisión de Infraestructura y la Económica del Parlamento no fue con el propósito de consultar la profundidad de las propuestas de reformas a las cuatro leyes que hace el Gobierno, ya que los dictámenes favorables estaban previamente redactados. Los diputados orteguistas de dichas comisiones firmaron el dictamen a la Ley de Reformas y Adiciones a las leyes de la Industria Eléctrica, a la de Estabilidad Energética y a la Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público y al Código Penal.
“La extensión del subsidio por dos años a los consumidores de menos de 150 kilovatios hora-mes costará 57 millones de dólares”, afirmó el ministro de Hacienda, Iván Acosta. El dinero saldrá de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el Presupuesto de la República.
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“Era como decir: ‘lo toman o lo dejan’”, afirmó Jarquín, para quien, por la afectación a la población, se exigía cumplir con la consulta amplia con las alcaldías, organizaciones de los consumidores y organismos cooperantes. Afirmó que, al violentarse el procedimiento, las reformas pueden declararse nulas.
¿QUÉ DICE EL BID Y EL BCIE?
Fundamental para la oposición es escuchar la opinión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por financiar el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables (Pnser), al cual se le han invertido millones de dólares para llevar energía eléctrica a comunidades a los asentamientos espontáneos.
“No se conocen los avances de este proyecto, el cual es llevado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), institución que tampoco está siendo consultada. Esto le da vicios de nulidad, pues esta es una ley que se va a aprobar a como se dice popularmente, ‘a mata caballo’”, dijo Jarquín.
ARCE AVALA CÁRCEL A TODOS
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) prepara un dictamen de minoría que quite, entre otras cosas, la pena de uno a tres años de cárcel a los usuarios por el aprovechamiento indebido (robo) del fluido eléctrico, agua y telecomunicaciones.
Todo indica que una vez más la BDN no será escuchada porque el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, dijo que “nadie, (ni) el más pobre, no tiene derecho a robar”.
El verdadero trasfondo de penalizar al dueño de la vivienda o negocio que esté conectado ilegalmente al servicio de energía —y hasta al que realice la conexión ilegal— es un amarre primero con Gas Natural, cuando se negociaba el tema de las pérdidas eléctricas, y ahora ese compromiso el Gobierno lo ratifica con TSK-Melfosur.
“Negociamos en esa época (con Gas Natural) que íbamos a comenzar a controlar el robo y establecimos un proceso —que ya se venció— durante el cual, durante un tiempo, no se sancionaba a los que robaban menos de 300 kilovatios. Después de un tiempo eso bajó a 200 kilovatios mensual”, dijo Arce.
Ahora, justifica que los inversionistas reclaman que Nicaragua “tenga esa excepción” y, por tanto, decidieron “eliminarla”.
La reforma al Código Penal para castigar con cárcel el robo de servicios básicos, para el presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, es solo un ajuste a las leyes. “Se aclaró (a las comisiones) que no se está creando ninguna nueva figura penal. Lo que se está haciendo es una adición que ahora también se penaliza al que está haciendo la conexión ilegal”, dijo.
Sin embargo, Jarquín Anaya dice que no es la manera de encaminar el ordenamiento en el sector eléctrico. El diputado Sáenz considera casi imposible comprobar el delito (al que hace la conexión), a no ser que los encuentren “encaramados en el poste” de tendido eléctrico. Castillo dijo que lo que se viene es un proceso de legalización y la gente tendrá un período de 180 días para hacerlo.
¿AUMENTA COSTO DE LA LUZ?
Entre la serie de concesiones en la reforma a la Ley de Estabilidad Energética que da a TSK-Melfosur está el perdón por las multas y sanciones heredadas por Gas Natural.
A favor de TSK también está que se le reconoce mayores pérdidas técnicas que salen de los mismos usuarios. El diputado Jarquín dijo que es lo que más preocupa, porque de entrada este reconocimiento de las pérdidas incorporó un tres por ciento al alza de 7.78 por ciento en la factura a los consumidores.
Explicó que a Gas Natural se le reconoció el 13 por ciento de pérdidas, pero a TSK ahora se le eleva a un 16 por ciento, aún cuando el servicio es ineficiente.
Por su parte, Sáenz recordó que ni Unión Fenosa ni Gas Natural, que son veinte veces más grande que TSK (y cuyo negocio no es la energía) resolvieron el problema de las pérdidas, “mucho menos” lo hará la nueva empresa. Recomendó “nacionalizar el sistema eléctrico”.
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