Carla Torres Solórzano
Pérdidas millonarias pudo ocasionar al Estado de Nicaragua la orden de Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), de suspender la atención al público para evitar una protesta de los adultos mayores.
López ordenó la suspensión de labores en las oficinas del INSS durante dos días de la semana pasada.
No obstante, instituciones encargadas de velar por la buena gestión de las instituciones y servidores públicos, como la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR) han restado importancia a las arbitrariedades de López.
Típico de la CGR: “No hay nada que hacer”
LA PRENSA consultó al presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy sobre el tema y, por medio de su secretaria, mandó a decir que “no hay nada al respecto, no podés hacer nada”.
Álvaro Leiva Sánchez, secretario de asuntos laborales y derechos humanos de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, expresó que cabía una auditoria de la Contraloría para determinar el daño al patrimonio público por haber suspendido el INSS dos días de gestiones, siendo servidores públicos. “Desde ningún punto de vista es legal para un servidor público detener una institución pública del Estado, simplemente para no atender demandas justas que le corresponden por derecho constitucional hacerse eco y resolver, ya sea por humanismo o legalidad”, dijo Leiva.
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