Roy Moncada y Lucía Navas
La explicación de la empresa MPeso —que trata de justificar la amplia solicitud de información financiera y personal de los usuarios del Transporte Urbano Colectivo (TUC) para obtener una tarjeta recargable— ha generado suspicacia.
MPeso ha sostenido que dichos requerimientos a los usuarios, para regalarles 600,000 tarjetas y usarse en el pago electrónico en las rutas, es una exigencia de la Superintendencia de Bancos.
Según la empresa, dicha exigencia está basada en las medidas establecidas por la ley para controlar el lavado de dinero en las instituciones financieras.
Interactuando con los cibernautas, Rivas Anduray escribió que la Siboif establece los requisitos a las instituciones financieras.
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Haroldo Montealegre Sansón, representante de MPeso, dijo a LA PRENSA que toda esta información de los usuarios es exigida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).
Por medio de la página web de MPeso se conoce que la empresa le pide a cada usuario de transporte revelar sus ingresos mensuales y de dónde vienen. También deberá reportar si recibe remesas del extranjero y si algún pariente trabajó en el Estado, además de los habituales datos personales como dirección, número de teléfono y número de cédula.
Para el diputado Agustín Jarquín Anaya que MPeso solicite tanta información es porque “el Gobierno está detrás. Quieren controlar a las personas”.
De igual modo opinó el jurista Oscar Castillo, quien calificó de desproporcional la cantidad de requisitos que se piden solo para otorgar una tarjeta.
SUPERINTENDENTE EXPLICA
El superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo, confirmó vía correo electrónico que MPeso tiene autorización para operar y solicitar información a los usuarios.
“La norma sobre esta clase de empresa exige el número de cédula, dirección domiciliar y beneficiarios de la tarjeta. Estos requisitos son indispensables para la seguridad del propio usuario y de las personas que dependen de él, en caso de que faltare”, explicó Urcuyo.
El funcionario apuntó además que “cada empresa dedicada a esta actividad (emisión de tarjetas) administra sus propios riesgos y puede dictar políticas de información siempre y cuando sean necesarias y congruentes con las leyes y sobre todo ( ) en materia de prevención y lavado de dinero”.
Urcuyo dejó claro que MPeso está obligada a respetar el sigilo de ley de los datos personales de los usuarios de tarjetas de transporte público.
“Conforme la normativa vigente, las empresas deben manejar esa información confidencial en estricto apego al sigilo”, puntualizó.
Sin embargo, Roberto Orozco, especialista en temas de seguridad, no ve una amenaza de un posible lavado de dinero en las tarjetas TUC, ya que asegura que en el país el lavado ocurre por otros mecanismos, como turismo, construcción y comercio formal, y muy poco en el sistema financiero nacional.
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