CARACAS/EFE
El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, explicó ayer los detalles de una denuncia que interpuso el organismo ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por supuestas torturas y detenciones ilegales llevadas a cabo por el gobierno de Nicolás Maduro en los días posteriores a las elecciones del 14 de abril.
“En total son 194 casos, detenciones que incluyen maltratos físicos y psicológicos a los detenidos”, dijo Romero. El Foro denunció “un patrón sistemático, una política de Estado para intimidar a un sector determinado de la población civil, que en este caso es la disidencia”, agregó.
Romero sostuvo que las detenciones se produjeron el 15 y 16 de abril, en los días de mayor violencia poselectoral tras el ajustado resultado de las elecciones y estuvieron concentradas en los estados Lara, Carabobo y Barinas.
El directivo aseguró que a los detenidos se les sometió a torturas físicas, como orinarles sobre su cuerpo y maltratos psicológicos, como hacerles cantar consignas favorables al Gobierno.
Romero señaló que en la denuncia se recopilan todos los antecedentes “pero no se acusa a nadie”, y que es tarea de la Fiscalía de la CPI, que no tiene plazo para pronunciarse, investigar “quiénes son los responsables” de las detenciones para formular una eventual acusación.
SIN SESIÓN
Por otra parte, la oposición en el Parlamento denunció ayer que el oficialismo busca eludir el debate al no haber convocado ayer a una sesión ordinaria en la que los legisladores opositores iban a recuperar el derecho de palabra, del que fueron privados por no reconocer a Maduro como presidente.
Diputados opositores y oficialistas anunciaron la semana pasada que habían llegado a unos acuerdos que permitirían a los primeros recuperar la voz en el Parlamento que les retiró el presidente Diosdado Cabello.
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