BUENOS AIRES/AFP
Sucesivas denuncias de corrupción lanzadas desde el crítico programa Periodismo para todos, del Canal 13, del grupo de medios Clarín, salpican al gobierno de Cristina Kirchner y se convirtieron en el principal caballito de batalla de la oposición, en medio de un agitado clima político de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre.
El último informe del programa denunció la existencia de una bóveda para “guardar valores” en la casa de descanso que tiene Kirchner en la villa patagónica de El Calafate, donde en 2010 falleció su esposo y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007), en una sucesión de emisiones que ese espacio bautizó como “la ruta del dinero K” (por los Kirchner).
En los últimos años “lo que ha cambiado no son las denuncias que ya estaban, sino su impacto que hoy es mucho mayor, por varias causas. La primera, que la economía está estancada. Con crecimiento del 7 por ciento, como sucedió en 2011, la gente en Argentina —como en la mayoría de los países del mundo— tolera más la corrupción”, expresó el politólogo Rosendo Fraga.
Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, sostuvo que la segunda razón “es que el conflicto entre el gobierno argentino y los medios privados de comunicación por un lado y la justicia por otro, contribuye a que el impacto político de las denuncias de corrupción sean mayores”.
El Gobierno encara una polémica reforma judicial que consta de seis leyes, cinco aprobadas. Una de esas leyes limitó a seis meses la duración de las cautelares contra el Estado, prorrogables por otros seis, después de que Clarín se acogiera a este recurso en 2009 en rechazo de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales que obligaría a este grupo a desprenderse de licencias de radio y televisión.
El experto Ricardo Rouvier consideró que las denuncias pueden tener una influencia concreta a nivel electoral “si hay una sanción judicial que pueda ser vista por la sociedad” y agregó que “eso es distinto, aunque no es lo habitual: en general termina en la nada y eso se disipa en la población”.
Fraga añadió que las acusaciones por la “ruta del dinero K” pueden tener ahora mayor repercusión, porque existe “un estado de movilización de la clase media con sentido opositor convocada por redes sociales”, en alusión a la marcha multitudinaria contra el Gobierno realizada el 18 de abril.
La justicia investiga a la exsecretaria privada de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, sobre la presunta existencia de “bolsos con dinero” que eran enviados a El Calafate, y a un cercano a los Kirchner por lavado de dinero.
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