En medio de una crisis de precios y falta de demanda externa, el frijol rojo se enfrenta ante nuevos requisitos para exportar a EE. UU. LA PRENSA/ O. NAVARRETE

A cumplir las nuevas reglas

Preocupación porque no tienen más opción que cumplir. Eso es lo que ha generado entre pequeños y medianos productores la proximidad de la entrada en vigencia de las nuevas normas de inocuidad que deben cumplir los alimentos que se exporten a Estados Unidos.

Lucydalia Baca Castellón

Preocupación porque no tienen más opción que cumplir. Eso es lo que ha generado entre pequeños y medianos productores la proximidad de la entrada en vigencia de las nuevas normas de inocuidad que deben cumplir los alimentos que se exporten a Estados Unidos.

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Pese a que la nueva ley no aclara si las frutas frescas requerirán la certificación de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (Haccp, por sus siglas en ingles), Ramón Ernesto Mendieta, de la Asociación de Productores de Pitahayas de Nicaragua (Appinic), confía en que las nuevas normas no alteren los procesos de certificación de buenas prácticas y el monitoreo del sistema de trampeo que han realizado en los últimos años para asegurar la entrada de pitahaya fresca al mercado estadounidense.

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“Nos preocupa porque el frijol ha dejado de ser un producto rentable, en Estados Unidos su precio ronda los 40 centavos de dólar por libra y la inversión que tendremos que hacer en la planta procesadora será muy alta… Pero también entendemos que no nos queda de otra más que cumplir porque de no hacerlo perderíamos ese mercado”, afirma Félix Miranda, presidente de la Comisión del Frijol de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).

Está previsto que las nuevas regulaciones establecidas por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), entren en vigencia el año entrante.

“Estas incluyen cambios de procesos y sistemas que requieren grandes inversiones que no se logran en un año. Algunas de ellas referidas al establecimiento de planes de inocuidad, análisis de peligros de puntos críticos, medidas de control preventivo, monitoreo del sistema de producción, capacitación de colaboradores, laboratorios de análisis y planes de verificación de las normas, entre otros”, detalló Sonia Somarriba, gerente de comercio y cooperación de APEN.

Para Somarriba es fundamental que los países aprovechen la ampliación del plazo hasta el 16 de septiembre de este año, para expresar sus consideraciones sobre las nuevas reglas, porque “es posible que la FDA las incluya en los nuevos reglamentos” que entrarían en vigencia en 2014.

Basado en la experiencia “de lo difícil que ha sido para la mayoría de las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas (pymes) obtener las certificaciones, APEN reconoce que no será fácil cumplir con los nuevos requerimientos.

Junto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) han emprendido una campaña regional para “desarrollar capacidades de las empresas”, ya que es la única opción que tienen para mantener sus productos en ese mercado.

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