Negocian estrategia para construcción de viviendas
Lucydalia Baca Castellón
Después de meses de reclamar una reforma a la Ley de vivienda social, la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) optó por negociar con el Gobierno una “estrategia más amplia” que permita mantener dinámica la construcción de casas durante los próximos años.
La decisión no es del completo agrado de todo el sector. Para algunos desarrolladores, la continuidad de la construcción y venta de casas de menos de 20,000 dólares depende de una reforma a la Ley 677.
El urbanizador Alberto Atha detalló que en negociaciones con el Gobierno decidieron garantizar los recursos que permitan seguir cumpliendo las metas anuales de construcción de viviendas de hasta 50,000 dólares. Para esto, estarían buscando una estrategia que permita reducir los precios de los materiales de construcción y el flujo de fondos para la construcción de viviendas a largo plazo.
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La reforma a la Ley 677 aprobada en el 2009, Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y Acceso a la Vivienda de Interés Social, solicitada por Cadur pretendía elevar hasta 30,000 dólares el valor de la vivienda con derecho a subsidio. Actualmente, solo gozan de ese beneficio las que valen menos de 20,000 dólares. Esto permite que la tasa de interés del crédito sea del 5 por ciento.
“Bajo esas condiciones, el núcleo familiar solo tiene que demostrar que percibe ingresos de 500 dólares mensuales. Pero si la casa vale 21,000 dólares, la tasa sube al 8 por ciento y la familia debe demostrar que gana 660 dólares mensuales para optar al crédito. Eso dificulta a los más pobres cumplir el sueño de tener casa propia”, explica Gloria Arana, responsable de atención al cliente de Inversiones de Oriente, que actualmente desarrolla el proyecto Villa Sol en Sábana Grande donde se construyen 1,682 viviendas de interés social cuyo precio inicial era de unos 18,000 dólares.
El proyecto Viviendas para el Pueblo está en la etapa final de construcción de 1,710 casas en la urbanización Vistas de Momotombo. Los precios van desde 17,490 dólares.
Según la ejecutiva de ventas, Conny María Hernández, la empresa planea desarrollar un proyecto similar en Estelí o León. Sin embargo, concretarlo depende de la reforma. Si esta no se concreta, el proyecto tampoco se ejecutará.
Según Jazmín Paguaga, ejecutiva de ventas de Desarrollos Urbanos de Centroamérica, la reforma a la ley debe ser vista como un beneficio para las personas de más bajos salarios, “para el segmento de clase baja”. Porque las urbanizadoras siempre tienen la opción de construir proyectos más caros, que aunque con menor demanda también tienen mercado.
Dicha empresa está por concluir el proyecto Valle de Santa Rosa, que vendió 950 casas desde 19,000 dólares. La empresa “podría construir otro similar, pero también está ligado a la reforma a la ley porque con estos precios y la ayuda del subsidio es más factible optar al crédito. Porque la gente que busca estas casas no puede demostrar que gana más de 13,000 córdobas mensuales”, afirma Paguaga.
Según Paguaga, mientras la reforma se define, la empresa optó por desarrollar la Urbanización Xochitlán que, a pesar de estar dirigido a personas que ganan más de 1,200 dólares, se está vendiendo bastante bien.
Las representantes de las tres empresas coinciden en que los sueldos del país son tan bajos que una de las formas de garantizar el acceso al crédito al segmento de clase baja —que es la gran mayoría en el país— es a través del subsidio a la tasa del rédito.
También esperan que la disminución de costos que obtendrán las urbanizadoras, una vez que Enacal y la distribuidora eléctrica asuman los costos de construcción de la infraestructura de dichos servicios, permita seguir construyendo casas de interés social dentro del rango de los 20,000 dólares.
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