Gloria Picón Duarte
“El maltratador tiene una posición de poder, de control sobre la víctima que está en una posición de desventaja. Desde mi punto de vista, no debería cambiarse lo que ya está aprobado”.
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Mientras la diputada Martha Marina González, presidenta de la comisión de la Mujer en la Asamblea Nacional, señala que la decisión de cambiar algunos aspectos en la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres (Ley 779) está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente de la Asamblea, René Núñez, dice que si hay algo que cambiar, espera sea vía parlamento.
“Hay una ley ya aprobada. Si hay que cambiarla, hay que plantear una reforma a la Ley. Un magistrado dio su opinión, pero es su opinión. Yo espero que si hay una reforma, se envíe a la Asamblea Nacional. Si se quiere cambiar la Ley, debe haber una reforma a la Ley”, dijo Núñez.
Según el magistrado de facto de la CSJ, Rafael Solís, van a permitir la mediación cuando la pena sea menor a cinco años y que solo está pendiente de aprobar cómo van a aplicar ese cambio, ya que la Ley prohíbe la mediación.
El funcionario explicó que una vía es, mediante sentencias, declarar inaplicable el artículo 46 de dicha Ley, que prohíbe la mediación, o bien reformarla a través de la Asamblea Nacional.
González reiteró que la Ley no tiene roce constitucional, pero que si la Corte decide restablecer la mediación para delitos leves, va ser la decisión de ellos.
A criterio de la diputada, en el caso de delitos de violencia, en una mediación la mujer queda en desventaja porque el hombre ejerce poder sobre ella.
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