Ramón García Gibson (*)
La industria de la construcción es fundamental para las economías y es un sector generador de importantes sumas de dinero. Por eso, las constructoras podrían estar en el ojo de la delincuencia organizada para lavar los recursos procedentes de sus actividades ilícitas.
De acuerdo con un documento publicado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, titulado Retos de la Infraestructura en México 2013-2018, la construcción genera 5.6 millones de puestos de trabajo directos y 2.8 millones de puestos indirectos. Es la cuarta actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo.
Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 43 se emplean para la compra de servicios y materiales de su cadena productiva. Su contribución económica a nuestro país también es significativa, ya que aporta el 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Lo anterior viene a colación toda vez que con motivo de la próxima entrada en vigor, en julio del presente año en México, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero), se genera una regulación aplicable a nuevos sectores económicos, entre los que se encuentran “la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación, en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes”.
De acuerdo con información estadística de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), entre enero de 2007 y febrero de 2013, por lo que se refiere a Visitas Preventivas y de Supervisión en general, la mayor participación, por tipo de sujeto obligado, está representada por las empresas dedicadas a la construcción (35 por ciento), compra y venta de divisas (24 por ciento), inmobiliaria (12 por ciento), seguido de las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos (8 por ciento). Como se puede advertir, el sector de la construcción fue el más supervisado para valorar el debido cumplimiento con las medidas preventivas de lavado de dinero.
A partir de junio de 2011, se iniciaron 304 Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) a los sujetos obligados a informar, bajo la supervisión de la UIF-Perú, habiéndose resuelto el 42 por ciento de los casos y encontrándose el 58 por ciento restante pendiente de la Resolución de Primera Instancia. Considerando el total de los PAS resueltos, la mayor incidencia por tipo de sujeto obligado corresponde a los sujetos obligados dedicados a la compra y venta de divisas, construcción y empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos.
Para José Arbulu, en un artículo titulado La prevención antilavado en las empresas constructoras, “uno de los sectores vulnerables al lavado de activos es sin duda el sector de la construcción e inmobiliario. Aspectos como el valor de los materiales de construcción, el valor del inmueble construido, la fuente de financiamiento de la construcción, la fuente de financiamiento de la compra… hacen de este sector de particular interés para las organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos. Las empresas constructoras e inmobiliarias corren el riesgo de quedar involucradas en actividades de lavado de activos de forma directa o indirecta. Será directa si la empresa es puesta a disposición de la organización criminal, o sus representantes o trabajadores incurren en “ceguera intencional” a fin de materializar dichos actos ilícitos; por otro lado, será indirecta si el negocio es utilizado para el reciclaje de fondos ilícitos con desconocimiento de sus representantes o directivos…”
Rodrigo Querejazu, en su artículo Boom de la construcción en Bolivia, de julio de 2012, menciona que “la construcción registra un inusual crecimiento en Bolivia como resultado del momento de estabilidad económica del país… Sin embargo, este crecimiento de la construcción también se debe a la flexibilidad laboral del sector constructor, a la falta de opciones para la inversión productiva e incluso se cree que podría deberse a la inyección de recursos originados del lavado de dinero del narcotráfico…”
La industria de la construcción es fundamental para las economías y por consiguiente al desarrollo de cualquier país, situación por la que debe ser impulsada desde los ámbitos tanto público como privado. Sin embargo, al ser un sector generador de importantes sumas de dinero en el que además intervienen diversas empresas comercializadoras de materiales para construir cualquier tipo de inmuebles y obras de infraestructura, las constructoras podrían estar en el ojo de la delincuencia organizada para lavar los recursos procedentes de sus actividades ilícitas.
Como lo decía Le Corbusier, teórico de la arquitectura, arquitecto, diseñador y pintor suizo nacionalizado francés: “La veracidad de los materiales de construcción: hormigón, ladrillos y piedra, se mantendrán en todos los edificios construidos o que se construirán”. Incluiría en esa veracidad el saber si quien genera, comercializa y adquiere dichos materiales son personas ajenas o no a la delincuencia organizada. ¿Está de acuerdo, estimado lector?
Columna publicada en Forbes México. [email protected]
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