Elízabeth Romero
Erick Manuel Dávila, el hombre que la semana pasada denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que autoridades policiales de Chinandega le arrebataron a su hija Karla Susana Dávila, de tres años, se puso en huelga de hambre ayer frente a las instalaciones del Ministerio de la Familia (Mifamilia).
“Aquí me voy a mantener. Me van a traer la caja para enterrarme”, sentenció Dávila.
El padre, apoyado por un grupo de personas oriundas de Chinandega, se apostó con pancartas y fotografías de su pequeña desde la mañana frente a Mifamilia, donde reclamó su entrega.
Por la tarde anunció que él y su abogado, Manuel Urbina Lara, fueron recibidos por la titular de Mifamilia, Marcia Ramírez, quien le anunció que su hija la enviará a El Salvador. Allá es reclamada por una pariente lejana de la madre fallecida de la niña. Dávila tiene una acusación criminal en ese país.
“Supuestamente me acusan de sustracción de menores, cuando yo le estoy explicando que me están abusando y violando mis derechos como padre y a mis hijos también. Aquí voy a estar plantado, voy a llegar al final con esto. De aquí no me muevo”, aseguró Dávila, para quien detrás de la separación forzada “hay algo escondido”.
El abogado Urbina denunció que en este caso hay parcialidad de parte de las autoridades. “Ponen al hombre como un criminal para que no pueda ver a su hija”, denunció Urbina Lara, quien anunció que hoy ejecutará una acción legal por la vía civil a favor de Dávila.
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