TEGUCIGALPA /AFP
14,500 agentes constituyen la Policía Nacional. Ante el auge de la violencia criminal, el presidente hondureño sumó dos mil militares en el combate contra la criminalidad, medida criticada por organismos de derechos humanos.
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El director y subdirector de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla, fuertemente criticados por la lentitud e ineficiencia en el proceso de depuración de la institución, presentaron su dimisión “irrevocable”, aprobada por el presidente Porfirio Lobo, anunció el Gobierno.
Lobo nombró hace un año a ambos para que emprendieran la “depuración” de la policía, luego que la Fiscalía descubriera que sedes enteras de la institución tenían vínculos con narcotraficantes, sicarios, secuestradores, robos de carros, extorsiones y otros delitos del crimen organizado.
Ambos fueron cuestionados por la lentitud del proceso y hace dos semanas admitieron ante el Congreso que solo siete policías han salido de la institución. Villanueva reconoció, en declaraciones a medios locales, que presentó su renuncia a Lobo el 24 de abril, debido a que el Gobierno desaprobó su gestión, lo cual “provocaba incertidumbre” en el personal de la DIECP.
Lobo realizó cambios en la institución después que el Parlamento hizo comparecer a funcionarios para explicar la ineficiencia en el combate de la criminalidad y en la depuración de la Policía. El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, será reemplazado y será secretario privado de Lobo a partir del 1 de mayo. En lugar de Bonilla fue nombrado el canciller Arturo Corrales, quien coordinará a los ministros de Defensa, Seguridad, Interior y Derechos Humanos en la definición de un plan de seguridad.
El Congreso nombró una junta ad hoc que reemplazó por 60 días al fiscal general Luis Rubí y al adjunto Roy Urtecho, para investigar la “inoperancia” de la Fiscalía y que presenten recomendaciones.
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