Elizabeth Romero
Desde muy temprano los movimientos defensores de los derechos de las mujeres en Nicaragua demandan una posición firme de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en cuanto a la Ley 779, Ley Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
“No más violencia”, coreaban las mujeres que permanecen frente al portón principal del Poder Judicial.
Cada día con mayor frecuencia, se ejecutan actos de violencia encaminados al sometimiento sexual de las mujeres, mientras aumenta la saña y el odio en los casos de violencia, dice el movimiento de mujeres del país en su posicionamiento político en defensa de la ley 779.
Señalan que a esto se le agrega la violencia estatal expresada en la revictimización, en la falta de acceso a la justicia y penalización del aborto.
En el posicionamiento firmado por 148 organizaciones, redes, movimientos asociaciones y centros de mujeres exigen, entre otras cosas: que la Corte Suprema declare sin lugar los recursos por inconstitucionalidad en contra de la ley 779, que las autoridades actúen con la diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres y que las autoridades de justicia que investiguen los casos de violencia enjuicien y castiguen a los infractores, independientemente de quienes sean, y aseguren que las víctimas tengan acceso oportuno a la justicia.
Esta es parte de las protestas en varias partes del país a favor de la Ley y contra los recursos por inconstitucionalidad introducidos ante la CSJ.
