GUATEMALA/AFP/ACAN-EFE
Una pelea entre magistrados y fiscales se cernía ayer tras la anulación, el jueves, del juicio contra el exgeneral golpista Efraín Ríos Montt. La fiscal general Claudia Paz y Paz, y la jueza encargada del proceso, Jazmin Barrios, prometieron apelar la anulación, anunciada por la presidenta del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, que argumentó apelaciones pendientes previas al proceso, y ordenó retraerlo hasta noviembre de 2011.
Ayer fueron presentadas cuatro denuncias para revertir el fallo. Dos fueron expuestas por el Ministerio Público y otras dos por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
Barrios rechazó el fallo al considerarlo “ilegal” y dijo que acudirá a la Corte de Constitucionalidad (CC), para presentar un amparo. “No estamos obligados a acatar órdenes manifiestamente ilegales, pues ningún funcionario público es superior a la ley”, afirmó. Paz y Paz consideró que Flores “está completamente alejada del cumplimiento de la ordenado por la CC”, quien pidió ampliar una resolución de la fase intermedia (previa al juicio) y no suspender el proceso.
Ríos Montt y su exjefe de inteligencia entre 1982 y 1983, el general José Rodríguez, eran juzgados por la masacre de 1,771 indígenas mayas ixil. Ríos Montt sigue detenido. Se estima que la próxima semana la justicia podría resolver el recurso pendiente y ordenar que comience a prepararse un nuevo juicio, aunque un fallo de la CC puede ordenar que se prosiga el caso donde quedó entrampado, sin necesidad de reiniciarlo.
La anulación del juicio fue un duro golpe para familiares de las víctimas “quienes han esperado más de 30 años por justicia” y les den reparaciones, consideró la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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