Elízabeth Romero
En Nicaragua el equipo de Amnistía Internacional ha sostenido reuniones con representantes de organizaciones, que trabajan por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñez en el país.
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Amnistía Internacional considera que la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, representa un avance en la lucha contra la violencia, que también es un problema global, pero la misma no debe quedar “solo en papel”.
“Lo vemos como una oportunidad de oro, que esta Ley no quede solo en papel sino que construya un cambio real en este país, de enfrentar la violencia contra mujeres y niñas que no solo es importante para mujeres y niñas, sino para toda la sociedad”, expresó Esther Major, investigadora por el equipo de Centroamérica para Amnistía Internacional (AI), organismo con sede en Londres.
Major integra una delegación de AI que en esta ocasión le da seguimiento a la aprobación de la Ley 779, normativa que ese organismo acoge con satisfacción. Ella considera la Ley no solo como un compromiso de protección de los derechos de las mujeres y niños, sino también como “un reconocimiento de la problemática de violencia”, que enfrentan las mujeres.
Major precisó: “Lo que nos gustaría ver es que esta Ley sea acompañada con recursos necesarios para que tenga un impacto legal y positivo para las vidas de mujeres y niñas”.
La investigadora señaló que existe “una incoherencia”, entre la aprobación de la Ley 779 y la penalización del aborto terapéutico en el país, queja que el poder judicial aún no resuelve, pese a los recursos que por inconstitucionalidad introdujeron hace varios años diferentes organizaciones.
Recordó que para Amnistía Internacional, la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la prohibición del aborto terapéutico es considerada una violación contra mujeres y niñas.
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