Tania Sirias A.
Más de un año ha transcurrido desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Organismos de mujeres festejaron la aprobación de esta legislación; sin embargo, consideran que ya es tiempo de que se haga una revisión para ver si este código se está aplicando o simplemente es una buena intención que se quedó en el papel.
La jurista constitucionalista Azahálea Solís, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), lamentó que dicha ley no ha sido aplicada en su totalidad, pues las estadísticas son claras sobre cuántas mujeres han sido asesinadas y sus agresores siguen impunes por los delitos cometidos.
Por su parte, la primera secretaria de la Asamblea Nacional, Alba Palacios, consideró que la violencia hacia la mujer no acabará con un decreto o la promulgación de una ley, sino que se debe operativizar dicho código, pero sobre todo cambiar la cultura de trato entre el hombre y la mujer en nuestro país.
Ante estos hechos, Solís demandó que se haga una evaluación de esta ley. “Lo cierto es que conocemos de situaciones en que los procesos son insuficientes. Por ejemplo, el número de mujeres muertas el año pasado no tiene la misma cantidad de personas presas o pagando condenas”, recalcó la miembro del MAM.
Además recomendó a las instituciones del Estado realizar una evaluación de fondo, ya que existen quejas de que los jueces no están aplicando la ley correctamente.
LAS ESTADÍSTICAS
Según Solís, la violencia en nuestro país dejó el año pasado 85 femicidios, nueve más que en 2012. De estas, 13 habían interpuesto denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Niñez en reiteradas ocasiones, sin que las autoridades aplicaran medidas precautelares para salvaguardar la vida de las víctimas. Solo 24 de los homicidas están detenidos y apenas cuatro han sido condenados, reveló la investigación de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
INFLUENCIA DEL PARTIDO
La jurista constitucionalista se refirió también a la influencia y control que ejerce el partido de gobierno en los tribunales de justicia y lo calificó como “uno de los mayores obstáculos” para lograr acceso a la justicia.
“Recientemente conocimos la acusación a un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), acusado por una estudiante de su facultad por acoso y abuso sexual. El acusado es vicesecretario político del Frente Sandinista, por lo tanto no hubo respuesta de las autoridades”, dijo Solís.
Otro caso emblemático fue el de Lisette Sequeira, una joven opositora del Gobierno, quien denunció que fue secuestrada y golpeada, producto de esto le provocaron un aborto. “Hasta el día de hoy no existe información de la investigación que la Policía se comprometió a realizar”, manifestó la miembro del MAM.
Ante la CIDH también presentaron el abuso que se cometió en las pasadas elecciones municipales en Nueva Guinea, donde un grupo de mujeres opositoras fueron ilegalmente detenidas y torturadas luego de participar en una protesta contra el fraude electoral.
“Se les obligó a permanecer de pie durante horas, con las manos hacia arriba, siendo golpeadas constantemente en las manos, si producto del cansancio las bajaban. A algunas se les obligó a desnudarse, sufriendo de tocamientos en su cuerpo, incluso a una joven menor de edad. Además fueron ofendidas y amenazadas de violación. A la fecha, cinco meses después de las denuncias, la Policía Nacional no ha presentado ningún reporte de las supuestas investigaciones realizadas”, lamentó la jurista.
OPERATIVIZAR LA LEY
La primera secretaria de la Asamblea Nacional, la diputada sandinista Alba Palacios, afirmó que la Ley 779 fue una legislación que se aprobó con amplio consenso, donde participaron las instituciones del Estado y organizaciones civiles.
“Uno no puede decir si esta ley está bien o está mal si no se ha operativizado. Recordemos que pasaron seis meses para que esta ley pudiera ser vigente, entonces esperemos que los ejecutores y administradores de justicia vean los esfuerzos positivos y veremos si se deben realizar ajustes o no. Antes de correr debemos ver si se ha tenido un buen desempeño o no”, insistió Palacios.
La legisladora expresó que las mujeres deben presionar para que se operativice esta ley, ya que la violencia contra la mujer no se va a resolver mediante un decreto o una ley, sino a través de un cambio de cultura y de conciencia sobre el trato que debe existir entre hombres y mujeres.
“A nosotros nos corresponde la parte legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y a los juzgados les corresponde la administración de justicia. Esperamos que con esta ley se trate de proteger a las mujeres y aminorar los casos de violencia”, sostuvo la primera secretaria del parlamento nacional.
Al consultar si esta era una “ley en papel mojado”, a como lo han dicho algunas organizaciones de mujeres, Palacios dijo que era responsabilidad de las féminas capacitarse en el uso de este nuevo código, pero que estará pendiente de que esta ley vaya por el cauce que corresponde.
ASAMBLEA VIGILARÁ DE CERCA
La diputada Alba Palacios afirmó que los diputados vigilarán de cerca la aplicación de esta ley. “Veremos si las denuncias se están haciendo de acuerdo con la ley. También si los administradores y operadores de justicia están operativizando la legislación y, si existe una queja, verificarlo”, aseguró Palacios.
Confirmó que hasta el momento no han realizado estudios de la aplicación de esta ley, la cual fue aprobada en enero del 2012, pero que entró en vigencia en junio del año pasado.
Existen al menos cinco recursos contra la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, por contravenir a la Constitución Política de Nicaragua.
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