Martha Vásquez
Entre los principales obstáculos que han identificado jueces especializados en violencia de género para la aplicación de la Ley 779, están la falta de fiscales, así como de divulgación de la Ley en lengua mayangna, creole y miskito, para que mujeres de comunidades indígenas puedan tener acceso a justicia.
Estos obstáculos están siendo expuestos en una reunión donde las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están debatiendo la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujeres en un hotel capitalino.
Este debate se está dando, además, en medio de la discusión sobre si dicha ley es constitucional o no. Mientras tanto, el magistrado Francisco Rosales, presidente de la sala constitucional de la CSJ, no quiso pronunciarse sobre los señalamientos de que él no está de acuerdo con la Ley 779.
«No me pronunciaré al respecto, los jueces y magistrados nos pronunciamos a través de sentencias» dijo Rosales.