Rezaye Álvarez M.
Un préstamo de 40 millones de dólares fue aprobado por el Banco Mundial a Nicaragua, destinados a proyectos relacionados con el ordenamiento de la propiedad.
Hasta ahora en Nicaragua hay un promedio de 24,000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, catastrados, esto según declaraciones de Camille Nuamah, representante del Banco Mundial en el país.
Con esta segunda etapa, se espera alcanzar 33,000 kilómetros cuadrados catastrados en el territorio nacional. El trabajo catastral cubrirá los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia.
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Para el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, el gran problema de Nicaragua es que “la inseguridad jurídica proviene de las propias autoridades que se encargan de regular la propiedad”.
Si bien este préstamo será utilizado para la segunda etapa de un proyecto de ordenamiento de la propiedad que beneficiará a 90,000 familias, el tema de la propiedad se divide en varios aspectos.
Según explicó Novoa, el asunto de la seguridad jurídica sobre la propiedad no depende de ninguna ayuda internacional, sino de la voluntad política interna y el apego a las leyes de las instituciones.
En el caso de Nicaragua, el apego a las leyes “es muy precario e impera la voluntad política”, dijo Novoa, agregando que “queda a discreción de las autoridades cómo utilizan el sistema legal”.
Novoa aseguró que con este préstamo el Banco Mundial busca promover la utilización, delimitación y la tenencia de la tierra en áreas rurales, porque el tema de los precaristas que se toman predios baldíos está relacionado con la voluntad política.
Además, el exprocurador general señaló que en Nicaragua existen “suficientes normas para garantizar la seguridad jurídica”, pero estas “a veces se aplican y otras no”.
Por su parte la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, en su acostumbrada intervención en los medios oficialistas, expresó que con los 40 millones de dólares “se mejorarán y ampliarán las demarcaciones de linderos de las propiedades y se modernizarán los sistemas de registro de propiedad para asegurar la legalidad de todos los títulos”.
También indicó que se continuará el proyecto de demarcación de tierras indígenas y áreas protegidas en la costa Caribe.
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