Martha Vásquez
Los hechos sucedidos la tarde del 5 de noviembre del 2009 marcaron la vida de José Tomas Arana, oriundo de Chontales. Ese día fue desalojado de forma violenta de su propiedad, por guardas de seguridad de la empresa minera B2Gold.
Los guardas apoyados de “perros feroces y maquinaria pesada”, destruyeron la vivienda de tablas donde habitaba la familia del denunciante y los dejaron en la calle, relató el afectado, quien aseguró que tiene más de 30 años de vivir y tener sus escrituras (posesión y dominio) de la propiedad conocida como la Rastra de los Aranas.
Contrario a la versión del denunciante, la empresa B2Gold a través de Relaciones Públicas negó cualquier invasión a propiedad privada, aunque sí confirmó que la propiedad está en litigio con el denunciante.
Desde el 2009 a la fecha, Arana no ha parado la batalla legal por conservar su propiedad, ante todas las instancias y aún sigue en espera de sentencia en el Juzgado Distrito Civil de Juigalpa, ante la juez Ángela Hernández Saavedra.
En abril próximo cumple un año del último acto procesal —revisión de medidas en la finca— y aún sigue en espera de sentencia.
“Es una lucha desigual como la de David contra Goliat; esta empresa ha utilizado su poderío económico para que las autoridades policiales y judiciales retarden el caso, para desgastarnos y que abandonemos el caso”, dijo con desesperanza el afectado.
La propiedad en disputa mide 28 manzanas y está ubicada en el municipio de La Libertad, Chontales, en el lugar conocido como hacienda mineral Babilonia. Según escritura pública la propiedad pertenece a la familia Arana Lotz desde 1978. Está inscrita bajo el número 16152 asiento número 1, folio 152, 153 tomo 184 sección de derechos reales del Registro de la Propiedad e Inmueble del departamento de Chontales a nombre de Roberto Arana Lotz, abuelo del perjudicado.
PEREGRINAJE POR INSTITUCIONES
Los afectados denunciaron el desalojo ante la Policía Nacional, donde Arana solicitó un amparo policial, pero le fue denegado. También denunció ante la Fiscalía, pero esta remitió diligencias a la Policía donde desestimaron el caso.
En noviembre del mismo año, el afectado interpuso la queja ante Carlos Zarruk, director general de Minas, del Ministerio de Energía y Minas, y solicitó la apertura de un proceso administrativo que sancione a la empresa Desminic SA, para que se abstenga de continuar trabajos de explotación en la propiedad privada.
Esta dependencia emitió resolución administrativa, hasta marzo del 2010, declarándose incompetente para pronunciarse en conflictos de propiedad.
Una vez agotado el tramite administrativo ante las autoridades pertinentes, y sin encontrar solución a la violación de derecho a la propiedad, el afectado interpuso una querella de restablecimiento en el Juzgado Distrito Civil de Juigalpa.
El 26 de noviembre de 2011, la juez Hernández abrió a prueba y seis meses después programó inspección en el sitio realizada el 24 de abril de 2012, desde entonces se está a la espera de la sentencia.
Por su parte la empresa B2Gold asegura que la propiedad del denunciante no existe.
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