Martha Vásquez
Virginia Estrada, aún desconcertada por la violación a sus derechos de propiedad, denunció que la Procuraduría General de la República, supuestamente, dispuso de su finca conocida como Hato Nuevo, ubicada en El Jicaral, comunidad de León, para entregarla a la Cooperativa Francisco Javier Cabezas, en el 2011.
LA PRENSA buscó la versión de la PGR a través de Relaciones Públicas, pero no hubo respuesta.
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A la fecha no le devuelven la propiedad ni le dan explicaciones en la institución del Estado.
“Me están matando a pellizcos, porque este problema no me deja recuperarme plenamente del cáncer que padezco. He metido cartas de solicitud de audiencia con Hernán Estrada y no me responden”, dijo la denunciante.
La propiedad en reclamo mide 2,300 manzanas de tierra, es propiedad de la familia de Estrada desde 1958, según escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de León a nombre de Carlos Estrada Vélez y Virginia Solórzano, padres de Virginia Estrada.
Además nunca fue confiscada por el Estado, según constancia emitida por la Procuraduría General de Justicia en julio de 1990.
“La secretaria general de la Procuraduría General de Justicia de la República de Nicaragua por este medio hace constar que los señores Carlos Estrada y Virginia Solórzano no se encuentran afectados a ningún decreto confiscatorio”, se lee en el documento oficial.
¿EN QUÉ SE BASAN AHORA?
La Comisión Nacional de Revisión de las Confiscaciones en 1991 también reconoció el derecho a las propiedades conocidas como Hato Nuevo, Coyotepe y Las Canoas, a Carlos Estrada y ordenó al Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria la entrega de las mismas.
“No entiendo por qué la PGR de León llegó a sacar a mis cuidadores de la propiedad y la entregó a la cooperativa, si la propiedad es mía y los documentos están claros que el Estado no tiene nada que ver con mi propiedad”, recalcó la perjudicada.
En el 2005 la cooperativa firmó contrato de arriendo de la finca Hato Nuevo con la propietaria, para mantener un ganado, pero luego ella los sacó de la propiedad por morosos, explicó Estrada. En abril del 2011 llegaron con la Policía y la PGR, quien dispuso de la propiedad.
“Me han boleado entre la Intendencia de la Propiedad y la Procuraduría y nadie se hace responsable”, denunció Estrada.
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