Luis E. Martínez y Gloria Picón
Ayer tampoco se pudo constituir el Gobierno local en Rancho Grande, departamento de Matagalpa, porque los concejales opositores calificaron como “ilegal” la convocatoria realizada el viernes por la designada alcaldesa orteguista en ese municipio, María Isabel González Amador, quien convocó a la sesión a través de perifoneo.
Los opositores que tienen mayoría en el Concejo de Rancho Grande consideraron además que “no había condiciones para sesionar” porque el orteguismo movilizó a un sinnúmero de personas de municipios vecinos como El Tuma-La Dalia y Waslala, este último en la Región Autónoma del Atlántico Norte.
Alfredo Zamora, concejal suplente por el Partido Liberal Independiente (PLI), quien además ha sido alcalde en dos ocasiones, señaló que otra de las razones para no asistir a la sesión municipal es por solidaridad con algunos concejales que están siendo amenazados con ser detenidos.
Señaló que al concejal Jesús María Centeno le imputan un presunto delito ambiental porque habría aserrado un árbol de capulín que estaba caído en su propiedad y “la Policía ha llegado varias veces a buscarlo”. Agregó que al concejal Donald Siles primero le imputaban el supuesto acoso contra una adolescente y “como no pudieron comprobar, ahora recuperaron una supuesta acusación de la quema de un vehículo en la campaña de noviembre pero eso es totalmente mentira”.
Zamora aseguró que como opositores tienen “un grupo compacto” que no cederán a los chantajes y que están dispuestos a sesionar cuando sean “legalmente convocados y que ellos brinden un ambiente diferente y haya condiciones”.
Por su parte el exalcalde de Rancho Grande, Sabino Leiva y presidente municipal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), también dijo ser víctima de presiones para que los dos concejales de su partido se pasen a las filas del Frente Sandinista.
Según Leiva, lo que el Frente Sandinista quiere es presidir las tres comisiones y la secretaría del Concejo Municipal, pero para ello necesita los votos de algunos liberales, por lo cual han estado ofreciendo prebendas y al no tener éxito se han dado a la tarea de perseguir y humillar a los concejales, incluso afirma que a una concejal le han inventado que tiene un amante.
Leiva dijo que él mismo ha sido presionado y a pesar de que durante su Administración hubo auditorías ordinarias y de la misma cooperación que le financió algunos proyectos, ahora el director jurídico de la Contraloría General de la República, Gerardo Arce Castaño, le notificó que con base en algunas denuncias relacionadas a su gestión como alcalde procederán a realizar una auditoría, técnica, financiera y administrativa, además de repartir dicha notificación en las comunidades para exponerlo sobre supuestos malos manejos.
Según Leiva, lo que buscan es chantajearlo y amedrentarlo a través de la Contraloría para que los dos concejales del PLC se unan al Frente Sandinista.
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