Elízabeth Romero
Pese a existir un acuerdo con la empresa minera B2Gold a cambio de la libertad de los detenidos por la protesta del 9 de febrero, la judicial a cargo únicamente cambió la medida cautelar para que estos enfrenten el proceso judicial en libertad.
“Ellos violentaron el acuerdo, porque el acuerdo era libertad”, fue la reacción del alcalde de Santo Domingo, Chontales, Nelson Álvarez, quien dijo que él fue uno de los firmantes como garantes de los acuerdos.
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Álvarez sostuvo que los acuerdos firmados, entre el llamado Grupo del Cafetal y los representantes de la empresa minera, sí establecían por escrito que los 12 detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) serían liberados. “Aquí ya se sabe cómo se está trabajando, aquí solo una orden es la que decide, es una evidencia más que así se trabaja, aquí mandan más que todas las transnacionales”, expresó Álvarez.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, apuntó que ese acuerdo no fue entre iguales, porque no se puede negociar desde la cárcel.
PISTOLA EN LA CABEZA
“Fueron rendidos con pistola en la cabeza”, señaló Carrión.
El alcalde de Santo Domingo adujo que la firma fue por proteger a los detenidos, que uno de ellos “está por volverse loco” y otros “que no pueden sostener una taza”.
El responsable del Cenidh en la filial de Chontales, Denis Báez, manifestó que con esto lo que “lograron negociar (fue) la renuncia a un derecho constitucional que es a su protesta a cambio de su libertad”.
Esto evidencia la forma en que los operadores del sistema de justicia “están aceptando o cambiando medidas y la instrumentalización al servicio de B2Gold”, estima Báez.
NEGOCIARON AL ESTILO DE LOS CORLEONE
El responsable de la filial de Chontales apuntó que estas personas quedarán con medidas privativas de libertad y no podrán salir de Santo Domingo, por lo que quedan las interrogantes: “¿Por qué quieren seguir con el juicio? ¿Por qué quieren seguir teniéndolos amedrentados? ¿Cómo queda la lucha medioambiental? ¿Quién va a luchar por el medioambiente sano? ¿El problema está resuelto?”.
Carrión recordó que en este caso hubo utilización de “represión” por parte de la Policía Nacional, que no solo golpearon al momento de la intervención, sino que incurrieron en torturas, pues cuando ya estaban detenidos “les daban garrotazos y patadas”, para aplastar la protesta.
A esto le agregó que fueron enviados a la DAJ, a 200 kilómetros de sus hogares, “porque allí reúnen las condiciones para hacer sufrir a los detenidos; nosotros dijimos: los presos son el símbolo de la represión para obligarlos a la rendición, obligarlos a una mediación”.
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