QUITO/AGENCIAS
Rafael Correa, un carismático economista que en 2006 surgió de la nada en las elecciones presidenciales, es un exprofesor universitario educado en Bélgica y Estados Unidos que había sido ministro de Economía durante poco más de tres meses. Nació en Guayaquil el 6 de abril de 1963, se educó en escuelas católicas y fue voluntario durante un año en una comunidad indígena de la sierra andina, lo que marcó su orientación política dentro de un izquierdismo cristiano.
Su posible reelección en las elecciones de mañana podría aumentar las regulaciones sobre la prensa privada, con la que ha tenido duros enfrentamientos desde su llegada al poder en 2007, según expertos.
Ha impulsado reformas legales para el ejercicio periodístico y se ha querellado personalmente con directivos de medios y periodistas. Mauro Cerbino, investigador en comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), prevé que “seguirá la tendencia al enfrentamiento”, y consideró que “es probable que se radicalicen los intentos de judicializar la información”.
En 2012, el gobernante logró que tres directivos y un exeditor del diario El Universo fueran sentenciados por injuria a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares, por una columna que lo acusó de haber ordenado atacar un hospital donde estuvo retenido durante una rebelión policial en 2010, aunque pidió archivar el proceso.
En la campaña electoral defendió su actitud frente a la prensa, señalando que “el mayor problema de la comunicación es que negocios privados con fines de lucro provean un derecho” como la información. Y aunque asegura que no es prioridad del gobierno, está dispuesto a interponer su liderazgo para que el Congreso apruebe la ley de comunicación.
Tras haber modificado los contratos con las multinacionales petroleras y después de renegociar la deuda externa ecuatoriana, Correa se muestra orgulloso por los índices de reducción de la pobreza, que afecta actualmente a una quinta parte de la población. Y si consigue que la bancada de su Alianza País obtenga la mayoría en el Congreso, debería emprender en un nuevo mandato el proyecto al que más importancia da en estos momentos: el desarrollo de la minería a gran escala, al que se oponen las comunidades indígenas.
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