Lucydalia Baca Castellón
Pese a que existió la intención de eliminar las exenciones y exoneraciones que la Ley de Equidad Fiscal (LEF), otorgaba al sector agropecuario, la recién aprobada Ley de Concertación Tributaria (LCT, 822) mantuvo los beneficios y simplificó los trámites para garantizar que todos los productores puedan acceder a ellos.
Uno de los grandes logros es que en el artículo 127 de la LCT quedó “totalmente exento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)” toda maquinaria, equipo agrícola, llantas e insumos agropecuarios.
Ahora estos ya no requieren de ninguna lista. Además, ya existe una clasificación elaborada por el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) que lo incluye todo, explica Theódulo Báez Cortés, director ejecutivo de la firma jurídica, fiscal y financiera, Báez Cortés & Cía. Ltda.
Pese a que esta clasificación es válida, “para evitar malos entendidos y confusiones, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) preparan un listado que no requiere del aval del Gobierno, y que se dará a conocer en las próximas semanas “con fines estrictamente publicitarios”, menciona Báez Cortés.
Además, enfatiza que estos privilegios solo cubren la producción de alimentos, ya que el sector agropecuario paga el Impuesto Sobre la Renta (IR) sobre sus ganancias, el tributo sobre los Bienes Inmuebles (IBI) que posee y el resto de obligaciones tributarias que le corresponden de acuerdo con su actividad.
Es por ello que el sector considera que la aprobación de la nueva ley, a pesar de no haberlo beneficiado, “simplemente” no lo perjudicó y con ello evitó un incremento en el precio de los alimentos.
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La anterior Ley de Equidad Fiscal (LEF) contemplaba estas exenciones a través de una lista taxativa. Las exoneraciones en cambio eran dirigidas al productor, que debía solicitarlas a través de un trámite burocrático, que en la mayoría de los casos impedía hacer uso del beneficio, dice Felipe Argüello, director ejecutivo de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y gerente de la Bolsa Agropecuaria (Bolsagro).
SE ELIMINA TRÁMITE BUROCRÁTICO
Para garantizar que la mayor cantidad de productores haga uso de dichas exoneraciones, la LCT eliminó dicho aval.
“Los avales eran un disparate. Obligaban a los productores a venir desde sus comunidades hasta Managua para tramitar el requisito. Al eliminarlo se garantiza que todos los productores gocen de la exoneración”, explica Báez Cortés.
Aunque es prematuro proyectar los montos que recibirá el sector a través de estos incentivos, el presidente de la UNAG, Álvaro Fiallos, celebra que finalmente se haya logrado lo que “desde hace varios años venían pidiendo, que era la eliminación del aval y que se mantuvieran las exenciones”.
“Prevaleció la sensatez al proteger al sector que nos garantiza los alimentos… Logramos que se comprendiera que si el sector paga IVA en los insumos para producir los alimentos, esto se tendría que trasladar al costo de los productos y el consumidor tendría que pagar más caro por ellos”, señala Báez Cortés.
MÁS BENEFICIOS
Como un beneficio adicional el artículo 274 de la nueva LCT consignó las exoneraciones que otorgaba la LEF a través del trámite burocrático.
“Esto es diferente al IVA. Este artículo exonera de impuestos mediante lista taxativa las materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos, partes y accesorios, para la maquinaria y equipos que los productores agropecuarios y la pequeña y mediana empresa industrial y pesquera utilizan en su actividad productiva”, detalla Báez Cortés.
Según el especialista fiscal algunos equipos de naturaleza no agrícola, como programas de computación con aplicaciones especiales para la actividad productiva y otros que no quedaron liberados en el artículo 127, son los que se incluirán en este listado.
Estas exoneraciones tendrán una vigencia de cinco años para el IVA, y de tres para en Impuesto Selectivo de Consumo (ISC).
Upanic y la UNAG preparan una propuesta de listado que deberá ser ratificada por el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor).
Según la ley, para hacer uso del beneficio cada productor debe solicitarlo. Sin embargo, el sector negocia con el Gobierno un mecanismo distinto de aplicación.
“Para evitar el dolor de cabeza que implica al productor venir a Managua a solicitar el aval, hemos propuesto al Magfor que estos no se hagan por persona sino por actividad. En la lista se incluirán todos los bienes que incluya cada sector productivo y serán efectivos por cada ciclo agrícola”, indica el especialista.
Después de tres años de hacer uso de estas exoneraciones, el productor deberá demostrar que ha mejorado su productividad y que su producción está incidiendo en las exportaciones y la generación de empleo. De lo contrario le serán suspendidas.
“No sabemos a ciencia cierta cómo será el trámite para demostrar eso. No se estableció en el reglamento y obviamente es un tema que quedó pendiente. Aunque ahora no hay presión, en el 2014 nos tendremos que sentar a discutir cuál será el trámite”, reconoce Argüello, de Upanic.
Tanto Báez Cortés como los representantes del sector agropecuario insisten en que el mayor beneficiado con estas disposiciones de la Ley 822 es el consumidor.
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