Elvira Palomo/Washington/EFE
La revelación de la existencia de una base secreta de “drones” en Arabia Saudí y la filtración de un memorándum del Departamento de Justicia, que justificó la muerte de estadounidenses en el extranjero cuando se trate de un “líder de alto rango, a cargo de operaciones” de Al Qaeda o uno de sus afiliados y suponga una amenaza “inminente” para EE. UU., han hecho más visible el programa de aviones no tripulados que pone en duda el tono pacifista del presidente Barack Obama.
Además, la audiencia de confirmación de John Brennan, nominado por Obama para dirigir la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), ha dejado muchas preguntas sobre la legalidad y la continuidad del programa iniciado en los años noventa, cuando se utilizaban para espiar a Al Qaeda en Afganistán.
Después de los ataques terroristas de septiembre de 2001, Bush ordenó que “drones” armados aniquilaran a líderes de Al Qaeda, primero en Afganistán y luego en Yemen y Pakistán, el centro de los ataques selectivos contra supuestos terroristas.
Bush ordenó entre 2004 y 2009 cuarenta y cuatro ataques en la zona noroeste de Pakistán, pero Obama, en sus dos primeros años de gobierno, cuadruplicó la cifra de ataques de la era Bush, según un estudio de Peter Berger y Katherine Tiedemann, del centro de análisis New America Foundation.
“Al igual que el gobierno de Bush, el gobierno de Obama está utilizando el argumento erróneo de la guerra global que, en esencia, sostiene que el mundo es un campo de batalla y los derechos humanos no se aplican y esto es inaceptable”, indicó Zeke Johnson, director de seguridad con la organización Human Rights Campaign en EE. UU.
Dixon Osburn, director del departamento legal y de seguridad de Human Rights First, considera que el incremento del uso de “drones” deja “atrás las normas legales que rigen los gobiernos” y teme que la posición de EE. UU. pueda establecer las reglas sobre derechos humanos para otros países.
Los expertos coinciden en señalar que los “drones” son igual que cualquier otra arma de guerra, pero la cuestión, según Osburn, es la legalidad de hacer listados de personas para ser ejecutadas sin juicio previo.
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