Martha Vásquez y Elízabeth Romero
Un exoficial de la Dirección de Drogas de la Policía Nacional, que prefirió el anonimato, puso en duda toda investigación de la CSJ, pues Pedro Medina Amoretti y Franklin Torres Bejarano, exmiembros del Ejército de Nicaragua, son reconocidos líderes políticos del orteguismo en Rivas.
“Ellos gozan de protección oficial, política partidaria en Rivas. Lo de Arias no prosperará, es puro sombrerazo”.
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De nada le sirvió a la juez Gertrudis Arias, del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, revocar la resolución donde concede arresto domiciliar a cinco procesados por narcoactividad, porque ayer el Consejo de Administración y Carrera Judicial la suspendió de su cargo sin goce de salario, mientras dure la investigación del caso.
“Yo cambié mi resolución del viernes tomando en consideración lo que aparece o aparenta, como que tal aparecen dictámenes que se llevó un trámite no correcto, en base a eso mantengo la prisión preventiva”, trató de explicar, nerviosa y atropelladamente, la juez.
El cambio de medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliar fue concedido por Arias a los procesados Pedro Amoretti, presunto cabecilla; José Luis Espinoza, Geovany Solís, Sergio y Anselmo Duarte Martínez, el viernes pasado durante audiencia inicial. Para ello se basó en dictámenes forenses que decían que los reos estaban “gravemente enfermos”.
FORENSE SANCIONADO
El forense Eddy López, quien realizó las valoraciones médicas a los procesados del caso Operación Sur, se defiende diciendo que en su informe nunca sugirió el tratamiento fuera de la cárcel; sin embargo también fue suspendido ayer de su cargo y sin goce de salario mientras dure la investigación.
Después de una larga reunión en la Corte Suprema de Justicia, donde comparecieron diversos funcionarios para referirse al caso investigado, entre estos Zacarías Duarte, por Medicina Legal; Ana Julia Guido, por Fiscalía y la misma juez Arias, el Consejo de Administración y Carrera Judicial resolvió abrir investigación a los dos empleados judiciales y les cedió tres días para presentar informe.
En el auto dictado ayer por Arias manda a los cinco procesados a ser valorados en Medicina Legal. Al preguntarle a qué se debía el cambio de resolución, la judicial respondió nuevamente nerviosa: “Quizá fue a todo el meollo del asunto, el rollo, el revuelo que ha levantado esta situación”. Posteriormente de forma abrupta expresó que ya no iba a referirse al tema y se dirigió al edificio principal de la Corte.
Antes de entrar, Arias, acompañada de la magistrada Rafaela Urroz, habló con el magistrado de facto Rafael Solís quien luego “admitió” no conocer el caso.
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