Editorial: Una voz digna de la OEA
El representante de Panamá en la OEA, embajador Guillermo Cochez, estremeció al Consejo Permanente de ese organismo intergubernamental de las Américas al criticar vigorosamente al secretario general, José Miguel Insulza, por haber avalado el virtual golpe de Estado contra la Constitución de Venezuela, perpetrado por el régimen chavista.
De acuerdo con la Constitución de Venezuela, el reelecto presidente de ese país, Hugo Chávez, tenía que tomar posesión para ejercer el siguiente período presidencial, el 10 de enero corriente, ante la Asamblea Nacional o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no lo hizo, y entonces el presidente de la Asamblea Nacional debió hacerse cargo interinamente de la presidencia y convocar a una nueva elección presidencial en los treinta días siguientes. Sin embargo, la cúpula chavista, mediante una espuria resolución judicial dispuso ilegalmente que no era necesario que Hugo Chávez tomara posesión, porque ya era presidente y simplemente había sido reelecto.
Pero no es eso lo que dice la Constitución de Venezuela. Además, en términos constitucionales el presidente no es una persona física determinada con nombre y apellido, sino un sujeto jurídico. Según la Constitución venezolana, el 10 de enero termina un periodo presidencial y comienza el siguiente, para cuyo ejercicio es imprescindible que tome posesión la persona que fue electa en las votaciones anteriores, quien quiera que fuese, aunque sea el mismo individuo que ejerció la presidencia en el período que termina y haya sido reelecto para el mandato que comienza, llámese Hugo Chávez o “perico de los palotes”.
De manera que el régimen chavista ha atropellado la Constitución de Venezuela en forma flagrante y clara, como lo ha denunciado con abundantes pruebas jurídicas la oposición democrática y lo han corroborado eminentes constitucionalistas venezolanos y latinoamericanos. Y a pesar de todo eso, el socialista chileno secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha preferido ver hacia otro lado y hacer coro con los gobernantes populistas y los gobiernos claudicantes de América Latina que avalaron el golpe chavista, como no ha querido ver los atropellos a la Constitución de Nicaragua cometidos por Daniel Ortega.
Quizás Insulza avaló el golpe contra la Constitución de Venezuela porque 22 países de los 33 que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac), suscribieron la denominada Declaración de Caracas en respaldo del inconstitucional proceder del régimen chavista. Pero prácticamente todos esos países pertenecen al Alba y a Petrocaribe y por lo tanto son tributarios del chavismo. En cambio, los miembros del Celac que no quisieron firmar esa declaración son países del calibre de México, Brasil, Colombia y Chile, que en términos de Producto Interno Bruto, población y territorio representan tres cuartas partes de la región.
El secretario de la OEA, ya que no tiene convicción para defender la Carta Democrática Interamericana que también ha sido ultrajada por el chavismo, ni agallas para alzar la voz como lo hizo a título personal el representante de Panamá, por lo menos debió asumir la prudente y diplomática actitud de no pronunciarse sobre el asunto. Pero bien dice el dicho que es inútil pedirle peras al olmo.
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