Gloria Picón Duarte
La expresidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) Rosa Marina Zelaya manifestó que en el caso de que los presidentes de los Consejos Electorales Departamentales (CED) sean liquidados y despedidos por las administraciones de dichas estructuras, estaríamos ante otra violación a la Ley Electoral que establece claramente que al finalizar su gestión como coadyuvante en la administración del proceso electoral ellos se quedan para trabajar en los temas de cedulación y registro civil.
Para Zelaya el problema de fondo es el mismo que se ha venido señalando desde hace tiempo y ese es el tema de la institucionalidad que es lo que se tiene que cuidar. “Todas esas cosas no ocurrirían si se cumplieran las normas jurídicas, pero el problema es cuando no se está aplicando debidamente la ley”, señaló la expresidenta del poder electoral.
Para Zelaya lo más recomendable en estos casos es que se aplique la ley como es y no se continúen dando situaciones desafortunadas.
Los ocho presidentes que fueron propuestos por el Partido Liberal Independiente (PLI) no han podido ejercer sus funciones como manda la ley y ahora están denunciando que les están enviando sus liquidaciones para que el Primer Miembro de los CED que es sandinista quede administrando el CED como lo ha hecho en los últimos meses, aún cuando la Ley Electoral manda en el artículo 16 que los presidentes se quedan para ver temas de cedulación y registro Civil mientras que el primer miembro y segundo miembro cesa en sus funciones.
Por su parte el diputado de la Bancada Democrática (BDN), Eliseo Núñez indicó que la situación que se está dando con los presidentes de los CED significa que el CSE sigue por la vía de hechos. “Una institución que se niega a acatar la ley, la cual es bien específica en lo que dice, que los CED y CEM quedan en posición hasta las elecciones en 2016, pero ya no es raro que sigan violentando la ley. Lo raro sería que hicieran lo contrario”.
Zelaya señala que toda esta situación además de acentuar la crisis del poder electoral tiene un impacto en la población que demanda su documento de identidad, porque causa retraso en la demanda de la población.
