México/EFE
Organizaciones civiles se mostraron satisfechas con la nueva Ley de Víctimas promulgada ayer y que entrará en vigor en febrero, que obliga al Estado a proteger, dar asistencia y reparar de manera integral el daño a las personas que sufran ataques de la delincuencia o abusos de autoridades. En el sexenio anterior se registraron más de 70,000 víctimas, según información oficial.
“El que hoy se haya firmado es la culminación de una lucha de mucho tiempo de las víctimas que han sido ignoradas; supone el reconocimiento por parte del Estado mexicano de su responsabilidad”, dijo Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México.
Para Zapico, con la firma de ayer se pone fin a la situación del pasado sexenio cuando, en medio de una situación de violencia muy fuerte, “el Gobierno optó por ignorar a las víctimas”. Zapico advirtió que la ley no supone el fin de las obligaciones del Estado, sino el inicio de su proceso de cumplimiento.
Como representante de las víctimas, en la firma estuvo presente el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, quien calificó el hecho de un “profundo gesto democrático” de Peña Nieto. Pero señaló que, entre otros temas pendientes, aún hay que crear un sistema de atención a víctimas “honesto y dotado de suficientes recursos y personal para atender la enorme dimensión de la crisis humanitaria que enfrenta la nación”.
Alejandro Martí, presidente de México SOS, manifestó que la ley está llena de “errores de redacción fundamentales que la hacen inoperante” y que “hay diversas debilidades y vacíos que ponen en riesgo su viabilidad operativa”. “Esta ley no responde a las necesidades de todas las víctimas y sus familiares”, indicó el empresario, quien al igual que Sicilia perdió a su hijo por asesinato, y apuntó que “debe ser analizada y revisada” de manera “urgente”.
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