Martha Vásquez
Este año se aproxima una agudización en la institucionalidad del país, sobre todo del poder judicial.
En junio se vencerá el período a los ocho magistrados cuyos períodos constitucionales aún están vigentes como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras tanto la Asamblea Nacional no se ha pronunciado al respecto y continúa arrastrando el nombramiento de los funcionarios con cargos vencidos, al amparo del decreto 03-2010, del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
La magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidenta del poder judicial, dijo que no puede adelantarse a los hechos y que depende de la Asamblea Nacional el nombramiento.
“Esa situación es impredecible, unos dicen que nombrarán en febrero, otros en marzo, otros en junio, así que no sé”, dijo Ramos.
Para organismos defensores de los derechos humanos, esta es una tarea pendiente que diputados deben cumplir para regresarle legitimidad a la institucionalidad del país.
Los magistrados con períodos a vencerse son Manuel Martínez, Edgard Navas, Antonio Alemán y el diputado Gabriel Rivera. Además los magistrados de tendencia orteguista Francisco Rosales, Yadira Centeno, Ligia Molina y Marvin Aguilar.
Hasta el momento se desconoce quiénes se apegarán al decreto 03-2010, que ordena mantener en sus puestos a los funcionarios hasta que la Asamblea nombre nuevos o ratifique a los mismos funcionarios.
Tanto magistrados sandinistas como liberales han acogido el decreto e invocan la supuesta vigencia del párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución, el cual —alegan— nunca fue reformado ni eliminado.
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