ELIZABETH ROMERO
– Dicho decreto, que prorroga los cargos a los funcionarios cuyos periodos estaban por vencerse a la fecha de su emisión y posterior a la misma, fue declarado “vigente” por el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el orteguista magistrado de facto Francisco Rosales.
– Hay funcionarios de facto en los poderes electorales y judiciales, en la Contraloría, en el Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos y Superintendencia de Bancos, incluso la misma directora de la Policía Nacional está con período vencido.
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La garantía de la institucionalidad del país y el nombramiento de funcionarios en los cargos públicos con períodos vencidos, resaltan entre los temas pendientes en materia de derechos humanos que debería retomar el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, según la valoración de representantes de organizaciones de derechos humanos.
CRITERIOS UNÁNIMES
“Este año debe ser fundamental el nombramiento de los funcionarios públicos (con cargos vencidos) para crear estabilidad en el país y no estar gobernando de hecho”, consideró el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
Para el representante de la CPDH “cuando no hay seguridad jurídica se atenta contra todos los derechos humanos” en un país.
El coordinador jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, es del criterio que más bien debe garantizarse la institucionalidad en el país. Y puso de ejemplo el caso de la Policía Nacional, cuya imagen, considera él, se deterioró el año pasado.
A su juicio esto redunda en la violación de derechos humanos del sector no privilegiado de la población.
Carrión aseguró que el nombramiento de funcionarios en cargos donde las autoridades son de facto, solo resuelve la formalidad.
Recordó que la institucionalidad no significa únicamente que las entidades sean creadas conforme a lo establecido por la Constitución, sino que se respete el espíritu del orden constitucional.
NO MÁS CSE
Esto porque —según dijo— “podrían nombrar conforme a lo que establece la Constitución ahora a toditos los cargos a su entero capricho y ponen a personas fieles a la orden partidaria (…) todo está relacionado al tema del funcionamiento de la institucionalidad”.
El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, estimó que el poder electoral es una de las instituciones donde los funcionarios con cargos vencidos deben ser cambiados.
Anunció Petray que por ese motivo ese organismo hará este año denuncias a nivel internacional, pues esta situación atenta con los derechos políticos de la población.
“Nosotros tenemos derechos a votar, a elegir y ser electos, y nada de eso se puede porque hay corrupción, ahí hay partidismo, hay parcialidad hacia el gobierno (…) esa es una violación al derecho humano”, dijo.
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