Hjalmar Ruiz Tückler(*)
En los últimos años las entidades regulatorias y las responsables de las políticas públicas del sector de las telecomunicaciones llevan adelante un proceso de modernización e implementan nuevas políticas públicas alrededor de las redes de banda ancha y desde luego un nuevo marco regulador de la Convergencia de Redes y Servicios.
La regulación tiene ámbitos muy específicos relacionados con la calidad de servicio, tanto desde el punto de vista tecnológico como del comercial. Los otros aspectos fundamentales son la regulación económica y lo relativo a la competencia en los mercados.
Si bien es cierto que la acción reguladora eliminó rápidamente los monopolios legales en todo el mundo, esto no significa el fin del poder monopólico ni del monopolio natural. Por lo tanto, el fin del monopolio legal no significa el fin de la regulación de los precios y la regulación económica en general toma especial relevancia en los mercados en competencia.
En general los economistas están hoy de acuerdo en que muchos segmentos del sector de las telecomunicaciones no tienen características de monopolio natural. Así, por ejemplo, la competencia basada en la infraestructura entre operadores múltiples de servicios de larga distancia y celulares móviles ha demostrado ser duradera y sostenible. No existe, sin embargo, un consenso económico sobre si la red de acceso sigue siendo un monopolio natural y, de ser así, hasta qué punto. Es obvio que el tema de la regulación económica es fundamental.
La regulación en las telecomunicaciones se centró por décadas en el control de los precios finales, ya fuera basada en la tasa interna de retorno, cuyo defecto principal era potenciar la sobreinversión y/o el sobredimensionamiento del personal de las operadoras reguladas, o la regulación por los precios tope (Price cap). Nicaragua siguió esta segunda opción.
La nueva regulación ligada a la liberalización buscaba construir un modelo teórico, que permitiera pasar de un monopolio natural a un modelo próximo a la competencia perfecta, en base a unos operadores alternativos que accedían a partes de la red del operador tradicional y pagaban los costos de la interconexión.
Hoy día, la teoría de la regulación económica ha logrado identificar y separar costos dentro de las redes y definir precios de cada uno de los elementos de una red totalmente desagregada. Este tipo de regulación cobra importancia mayúscula y pasa a ser materia del nuevo Derecho Administrativo, en donde la entidad regulatoria está obligada a ejercer una regulación responsable y eficiente.
Aquí desde luego surge el dilema. Si se determina que una actividad económica cumpla tales o cuales requisitos adicionales, ello importará un mayor costo del producto y un mayor precio de venta a los consumidores. La decisión regulatoria podrá ser adecuada o no, pero en cualquier caso no es económicamente intrascendente, ni tampoco socialmente. La regulación económica debe por tanto ser óptima en el sentido de lograr un equilibrio entre lo que obtiene de bueno para la sociedad y lo que a ella cuesta en el caso del mercado de las telecomunicaciones.
Consultor
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