Josué Bravo
La polémica carretera fronteriza paralela el río San Juan fue planeada como un “proyecto de guerra”, donde el Ministerio de Seguridad Pública y no el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), como corresponde, ordenaba el proceso de construcción a seguir en medio de la especulación de supuesta invasión nicaragüense.
Mientras tanto, los ambientalistas de Nicaragua han insistido en el deterioro que esta carretera le causa al río San Juan, pues esta deposita sedimentos en el río.
Este año la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) condenó a Costa Rica por los daños causados al río San Juan, tras la construcción de la carretera en el margen sur del caudal.
La sentencia declara que el Estado de Costa Rica está sometido a la jurisdicción y competencia obligatoria de la CCJ y que “actuó de manera inapropiada”.
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Así lo declaró el exdirector del Conavi, Carlos Acosta, acusado de cometer el supuesto delito de peculado por presunta corrupción en la apertura de esta vía. Él es el único de los seis sospechosos que goza de libertad plena a pesar de los señalamientos en su contra.
“Esto no era un proyecto Conavi, era un proyecto de Seguridad Pública, que definía qué era lo quería hacer”, dijo Acosta en una entrevista al diario costarricense La Nación.
“Este no fue un proyecto normal de carreteras, este fue un proyecto de guerra, esto es lo que la gente no ha entendido, a nosotros nos lo plantearon como un proyecto de guerra”, añadió Acosta.
Esta vía de 160 kilómetros empezó a construirse en el año 2011, meses después de que Costa Rica denunciara a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, alegando invasión y daño ambiental a su territorio, por las labores de dragado en el nicaragüense río San Juan.
CARRETERA ERA “URGENTE”
Las autoridades costarricenses alegaron invasión de parte del Ejército de Nicaragua, que vigilaba las labores de limpieza de un canal que une al río San Juan y a la laguna de Harbour Head, en la desembocadura del cauce hacia el Caribe.
El entonces ministro de Seguridad, José María Tijerino —quien a pesar de tener origen nicaragüense mantuvo un discurso hostil contra Nicaragua— a finales del 2010 le planteó a Acosta, aún director del Conavi, la urgencia de abrir la carretera porque la policía fronteriza de Costa Rica no tenía dónde salir en caso de un enfrentamiento con el Ejército nicaragüense.
Ahí empezó todo un proceso para abrir la carretera, donde participaron otros altos jerarcas del Gobierno que preside Laura Chinchilla, saltándose procedimientos, además de empezarse a construir sin el decreto de emergencia que luego la avaló, sin planos ni estudios de impacto ambiental. Todo en medio de la confidencialidad generada por la supuesta invasión, sin haber claridad de dónde saldría el dinero para pagar a las constructoras, según Acosta.
“Lo primero que dijo (el Ministerio de) Seguridad y Cancillería fue: ‘queremos la ruta a 50 metros del río (San Juan) y a cinco metros de la línea de los mojones…’ Esa es una zona muy plana e intervenida, entonces seguir esa línea es muy fácil y así se hizo la gran mayoría del proyecto”, recordó Acosta.
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