– Confidencial publicó un editorial en el cual rechazó de la manera más rotunda “estas imputaciones temerarias del funcionario del poder judicial, que forman parte de una sistemática campaña intimidatoria del Gobierno contra la prensa independiente”.
– En el juicio, ayer, el especialista de Telcor, Manuel Oporta Blandón, le expresó al juez que las vans y los equipos de televisión que usaba la banda mexicana están valorados en 800 mil dólares.
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MARTHA VÁSQUEZ
“Queremos cumplir nuestra condena en México, para estar cerca de nuestros familiares. Hasta aquí no va a poder venir mi familia”, dijo uno de los 18 mexicanos procesados en el caso de los falsos periodistas de Televisa.
La petición pública la hizo en el parqueo de la Dirección de Auxilio Judicial, donde el juez Edgar Altamirano trasladó la tercera audiencia de juicio contra los señalados de crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga, para realizar una inspección a las camionetas vans en que los acusados trasladaban 9.2 millones de dólares ocultos.
La inspección fue solicitada por la Fiscalía y el juez la aprobó en medio de la oposición de las defensas, ya que consideraron que el abogado Ricardo Ramírez lo que había solicitado era una exhibición de una camioneta vans.
Esta revisión es parte de nuevas pruebas que presentó ayer el Ministerio Público, el cual solicitó al judicial que fueran incorporadas. Entre estas también está el registro de llamadas telefónicas que realizó Raquel Alatorre —supuesta líder del grupo— a México.
Además un análisis de los GPS que portaban los vehículos de parte de un especialista del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, así como un peritaje de los 18 pasaportes que los procesados presentaron en Migración.
El abogado de Alatorre, Ramón Rojas Urroz, alegó que la prueba no era novedosa y su aprobación era ilegal. “Tuvieron (Fiscalía) cinco meses para practicar esa diligencia”, dijo. Los abogados agregaron que son elementos que sorprenden y que violentaría el procedimiento.
“No hace falta ser estudioso del derecho para saber que no es prueba sobrevenida y aprobarla sería violatoria al debido proceso”, dijo Amy García, otra de las abogadas.
El judicial resolvió admitir la prueba y argumentó que en su momento a él le tocará valorarla.
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