AGENCIAS/ELHERALDO.HN
El presidente Porfirio Lobo convocó ayer a un diálogo “amplio y abierto” a los líderes de los poderes del Estado para evitar que Honduras, sacudida en 2009 por un golpe de Estado, caiga en una crisis política luego de que el Congreso destituyó el martes en la madrugada a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes fallaron el proceso de depuración de la Policía.
– El miércoles a la 1:30 de la madrugada, reinició la sesión que había comenzado la noche del martes, tras casi cinco horas de incertidumbre, con la entrada del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, “quien dirigió la operación al concertar con diputados de cuatro de las cinco bancadas la destitución de los cuatro magistrados”, según el diario hondureño.
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“La independencia y la complementariedad de los poderes del Estado es fundamental y estaremos unidos todos en una altísima coordinación y armonía”, destacó ayer a primera hora Lobo, en una cadena de radio y televisión, previo a su viaje a Managua, para participar en la cumbre del SICA.
Lobo precisó que convocó, en fecha no precisada, al presidente del Congreso, Juan Hernández, y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera, “con un único propósito: hacer lo mejor por el pueblo hondureño”.
Los magistrados destituidos habían fallado hace dos semanas contra la aplicación a policías de pruebas como el detector de mentiras, medida aprobada por el Congreso como parte de la depuración policial que impulsa el Gobierno hace un año.
“Había una conspiración de ciertos jueces, fiscales y policías de dejar inutilizado para siempre el uso de las ‘pruebas de confianza’ (…). Ante el caso de una orquestación del crimen organizado, el Congreso actuó”, justificó Hernández.
CONDENAN INJERENCIA
El Consejo de la Empresa Privada, que participó en el golpe de Estado en junio de 2009, señaló que “este es un mal precedente que provoca inseguridad jurídica, irrespeta la Constitución, viola el Estado de derecho y crea un clima de inestabilidad y desaliento para los hondureños”, explicó en un comunicado.
Para el exfiscal general y excanciller Edmundo Orellana, la CSJ recibió una “cucharada de su propio chocolate” porque avaló el golpe contra Zelaya. “Esas decisiones alejan la esperanza de fortalecer las instituciones públicas de Honduras”, dijo Orellana, exministro de Defensa en el gobierno de Zelaya, tras criticar a la Fiscalía General por no acusar de oficio a los diputados.
Algunos dirigentes políticos lo han calificado de un “golpe técnico” del Congreso aliado con el Gobierno contra el poder judicial. Mientras, Lobo se ha quejado públicamente de la decisión de la Sala Constitucional, e incluso ha hablado de supuestas conspiraciones en su contra.
La Sala Constitucional dio su fallo sobre la depuración al acoger un recurso según el cual las llamadas “pruebas de confianza” (antidrogas, polígrafo y otras) obligan a declarar en contra de sí mismo y eso violenta la Ley. Como el recurso no fue adoptado por unanimidad, según la legislación hondureña el caso debe ser resuelto por los 15 magistrados de la CSJ en un plazo que se cumple esta semana.
El proceso de depuración en la Policía —de 14,500 miembros— es un tema sensible en Honduras, pues hace un año se descubrió que cientos de sus efectivos estaban involucrados en tráfico de drogas, secuestros, robo de autos y extorsión.
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