Josué Bravo
El Ministerio Público de Costa Rica solicitará a un juzgado penal prisión preventiva contra seis detenidos ayer bajo sospechas de corrupción en la construcción de la polémica carretera fronteriza que contamina el río San Juan mediante el desplazamiento de sedimentos hacia el caudal.
Los detenidos fueron los exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad, Carlos Acosta, exdirector; los dos encargados de la obra, Manuel Serrano y Miguel Ramírez, así como los empresarios Giovani Baralis, David Castillo y Johnny Muñoz, a quienes se les señala de cometer crimen organizado, según denunció en conferencia de prensa el fiscal general Jorge Chavarría.
De acuerdo con Chavarría, “este es el grupo, podemos decir dominante, el grupo que estructuró, el grupo capo, para utilizar la palabra italiana, en relación a la jerarquía de la estructura criminal”.
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EL ORGULLO DE CHINCHILLA
“Nosotros consideramos que el esquema de realización de este hecho es típico de criminalidad organizada, tenemos una organización externa de individuos particulares que trabajan en colusión con funcionarios públicos como hemos indicado ( ) La caracterización del hecho crimen organizado nos permite solicitar prisión preventiva”, añadió el fiscal ante los medios.
Estas detenciones y posterior indagatoria en la Fiscalía de Probidad y Transparencia, ubicada en San José, ocurrieron tras seis meses de investigación penal y 45 allanamientos en diferentes partes del país, luego que la propia mandataria Laura Chinchilla denunciara en mayo anterior, irregularidad en la apertura de su proyecto emblema: la carretera bordeando el San Juan, la cual bautizó como Ruta 1856 Juan Rafael Mora Porras, un héroe nacional.
Chavarría añadió que el grupo de funcionarios públicos (Acosta, Ramírez y Serrano) “tenían en sus manos toda la supervisión, la fiscalización de las obras”.
“De modo que ellos teniendo el control de la fiscalización, la supervisión, volvieron la cara a un lado para permitir que pasaran todas las colusiones que se dieron en relación con los empresarios, la realización de obras en las cuales se aumentaron las horas de trabajo de las maquinarias, maquinaria que no trabajó, maquinaria que aparece con reportes de estar trabajando en dos sitios a la vez, etc., etc.”.
Sin individualizar a los responsables, el fiscal declaró que los empresarios pagaron a Acosta, Ramírez y Serrano un viaje a Estados Unidos, un vuelo de placer y hasta le pagaron una cuenta de 2.7 millones de colones (más de 5 mil dólares) en una fiesta de un club nocturno de San José, de lo cual tiene la fiscalía un vídeo.
“No solo existe la prueba de pertenencia de la causal de crimen organizado, sino que los jueces tienen que valorar el grado de impacto social que tiene la acción por la expectativa del país”, añadió el fiscal.
Con la tipificación de crimen organizado, el delito supuestamente cometido permitirá a la Fiscalía duplicar plazos de investigación y las presiones preventivas hasta por dos años.
José Miguel Villalobos, defensor de Castillo, Baralis, Serrano y Ramírez, se mostró sorprendido por la solicitud de prisión preventiva y se opuso a la decisión porque sus clientes han colaborado en el proceso.
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