Una de las medidas que más contribuiría a mejorar Nicaragua sería reformar el poder judicial. Richard Messick (1999), del Banco Mundial, ha demostrado, entre otros, que los buenos sistemas judiciales suelen redundar en mayores tasas de crecimiento económico. El imperio de la ley y la confiabilidad de los tribunales producen seguridad entre los ciudadanos e inversionistas, a la vez que facilitan la actividad económica y la paz social.
Desafortunadamente en Nicaragua tenemos un poder judicial que ha sido clasificado como uno de los menos independientes del mundo y que es percibido por los ciudadanos como la institución pública menos confiable. La mayoría de sus magistrados no tiene empacho en confesar abiertamente sus lealtades políticas. En su selección y permanencia pesa más la fidelidad partidaria que la competencia profesional. Muchos abogados, incluyendo sandinistas, recuerdan con nostalgia los tiempos en que los magistrados solían ser juristas de gran prestigio. Un reporte del Departamento de Estado (EE. UU.) expresaba en el 2010 que “la continua politización del poder judicial de Nicaragua y la Corte Suprema de Justicia, en particular, es un obstáculo preocupante en los esfuerzos por hacer cumplir la ley”.
No es muy difícil imaginar el impacto que opiniones como estas causan en el ánimo de inversionistas extranjeros y locales. Tampoco es casualidad que la mayoría de las inversiones externas en Nicaragua, como las de zonas francas, o las del sector energético, sean las que van acompañadas de garantías y seguros internacionales especiales. Muchas otras, que dejarían un gran beneficio al país y acelerarían nuestro desarrollo, se enrumban a países con marcos jurídicos más seguros.
Un mal sistema judicial es un lastre que resta vigor a la economía y dificulta el superar la pobreza, pero es algo que podría remediarse con solo cambiar las normas legales y constitucionales vigentes. Primero habría que terminar con el sistema de cuotas políticas e incorporar al proceso de elección de magistrados —con voz y voto— a sectores de la sociedad civil, como Cosep, facultades de Derecho, y otras instituciones civiles. Segundo, habría que establecer exigencias concretas para los candidatos, como ser juristas con obras publicadas o méritos académicos suficientes, y un récord impecable de comportamiento. Tercero, habría que sustituir los períodos cortos, que restan independencia a los magistrados y los obligan a gastar muchas energías en cabildeo político, por nombramientos vitalicios, como en Estados Unidos, o difíciles de cambiar, como en Costa Rica; allí los magistrados son electos por ocho años con renovación automática, a menos que dos tercios de la asamblea los objete. Cuarto, las remuneraciones de los magistrados deberían equipararse a lo que suelen devengar los mejores abogados privados. Este incremento salarial sería costeable si en lugar de 16 magistrados con sus respectivos empleados y extras (combustible, libres, etc.) bajasen a nueve (caso de Estados Unidos) o a siete lo cual es coherente con un país muy pequeño.
Por dólar invertido, la reforma del poder judicial es la medida más rentable que podría adoptar Nicaragua para aumentar su crecimiento. A diferencia de las mejoras en infraestructura, energía o salud, que son muy buenas pero requieren millones de dólares, mejorar la justicia solo requiere buena voluntad. El problema es que esta, como los diamantes, parece ser hoy día una virtud preciosa y escasa.
El autor es sociólogo, fue ministro de educación (1990-1998).
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