Wendy Álvarez Hidalgo
La Ley 677, o Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda de Acceso a la Vivienda de Interés Social, está casi obsoleta. En la práctica la razón de ser de esa legislación, aprobada en 2009, ya no tiene un fuerte impacto en el mercado hipotecario nicaragüense porque su contenido no se ajusta a la realidad de este sector.
El costo para fabricar una vivienda de este tipo se elevó debido al incremento de los precios de los materiales de construcción, y además hay beneficios en esta ley que poco ha llegado a los asalariados, algunas veces por desconocimiento o porque los trámites son engorrosos.
Las cifras de cierre de año de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) confirman este declive. De las casi 4,000 viviendas edificadas este año, solo 567 gozaron de los beneficios (exoneración de impuestos y subsidios a las tasas, por ejemplo) que contempla la Ley 677. Esa cifra representa apenas el 14.17 por ciento del universo de casas nuevas construidas por 46 proyectos habitacionales, que ejecutan los urbanizadores asociados a esta cámara.
Recién aprobada esta legislación cumplió sus funciones. Logró que el sector casi quintuplicara la edificación de viviendas en Nicaragua, reactivó el crédito hipotecario, el número de empleos, amortiguó el crecimiento abrumador del déficit habitacional, familias con poder adquisitivo medio pudieron acceder a viviendas menores de veinte mil dólares, según afirma Alberto Atha, presidente de Cadur.
3,970 casas se han edificado este año. En 2011 fueron 3,500, según datos de la Cámara de Urbarnizadores de Nicaragua (Cadur).
[/doap_box]
Este dinamismo, sin embargo, no se ha podido sostener en el tiempo. La ley habitacional urge de una pronta revisión, dice Atha, porque si se quiere avanzar en la reducción de la necesidad de viviendas en el país —unas 500 mil, estima—, las urbanizadoras necesitan dar un salto en la fabricación de casas por año, pretenden elevarla a diez mil unidades anuales.
“Si bien estamos construyendo viviendas que son consideradas como de interés social, muy pocas de esas viviendas están siendo beneficiadas por los beneficios que la Ley 677 les otorga. Nosotros hemos venido planteando todo este año que ya no es posible construir viviendas de 60 metros cuadrados en menos de veinte mil dólares”, sostiene Atha.
LAS DEMANDAS
La primera tarea que Cadur exige al Gobierno es elevar el precio máximo de una vivienda, para que se considere de tipo social. La ley en cuestión establece que una vivienda social no debe exceder en precio los 20,000 dólares. Para esto se tendría que indexar ese techo con el movimiento del precios de los materiales de construcción, de tal manera que sea ese indicador el que marque el precio de la vivienda de interés social.
Esto permitiría, añade, que un inversionista que se decida a construir casas, “sepa que se va a seguir gozando de los beneficios que la ley le otorga si los materiales de construcción se mueven en el comportamiento de los precios”.
Para Atha las urbanizadoras y el apoyo decidido de los bancos han sido claves para el sector de viviendas, no así “el tímido” respaldo de las instituciones del Estado. “Necesitamos un marco institucional que nos ayude a crear las condiciones para poder multiplicar por dos la colocación de viviendas. Deben haber reglas claras”, acota.
Otra demanda del sector es que Gas Natural Fenosa no siga trasladando el costo de la infraestructura eléctrica a las urbanizaciones, situación que encarece el costo de la vivienda para el consumidor final. “Lo lógico es que lo pague la institución que recibe esa donación, en este caso es una empresa privada, es decir Gas Natural”, apunta.
DINERO ESTANCADO EN LAS ARCAS PÚBLICAS
Y finalmente Cadur demanda que se mejoren los mecanismos de acceso a los pasivos laborales a los que por ley tienen derecho los trabajadores del Estado, para financiar la paga de la prima de una vivienda de este tipo.
Atha dijo que aunque este año el Presupuesto General de la República se dejó en unos setenta millones de córdobas como fondo para que los trabajadores del Estado solicitaran adelanto de su pasivo laboral (liquidación) para sufragar la prima de una casa, no hubo condiciones institucionales para que se facilitara el acceso a ese beneficio. Los resultados: menos de 200 trabajadores lograron obtener ese fondo, el resto sigue intacto.
Tampoco el mecanismo de renta con opción de compra ha tenido repunte, porque hay bancos que siguen analizando este producto financiero, y esperan que en 2013 se potencie. Recuerda que en Nicaragua la cultura de ahorro es incipiente, y por tanto se deben potenciar los canales que garanticen a las familias el pago de la prima de una casa.
Alberto Atha, presidente de Cadur.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 C
