Carla Torres Solórzano
Todo está consumado. La Ley Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y Sida fue aprobada en lo general este lunes y ayer se ratificó cada uno de sus capítulos.
Johanna Ostrander, directora de la Fundación Nimehuatzin, manifestó que el 21 y 22 de noviembre 67 organizaciones de la sociedad civil participaron en un foro con el objetivo de analizar la ley y elaboraron una serie de mociones que enviaron a la Asamblea Nacional para que fuesen incorporadas.
Entre los planteamientos estaba eliminar la figura del contagio provocado, porque ya está consignado en el Código Penal “y resulta estigmatizante incluirlo en una ley específica”.
Las organizaciones consideran que siguiendo las recomendaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y Sida (Onusida) y los compromisos internacionales, el Estado deberá normar procedimientos para que el artículo no se aplique de manera indebida a las personas con VIH cuando la transmisión no es intencional.
Argentina Parajón, vicepresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del parlamento, manifestó que el Código Penal establece algunas cosas que “en la ley no las podemos cambiar”.
“Si una persona es contagiada tiene derecho a recurrir, como derechos humanos, a reclamar y eso es el derecho de la persona afectada, pero en la ley no aparece nada que criminalice la decisión de cada persona”, expresó Parajón.
En cuanto a acceso a los tratamientos el diputado Carlos Emilio López dijo que el Estado ha incrementado en más de mil millones de córdobas el área de la salud en los últimos dos años “y esto permitirá cumplir progresivamente con la ley en el acceso a los antorretrovirales y la masificación de las pruebas rápidas”.
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