Madrid/EFE
España destinará su ayuda oficial al desarrollo en los próximos cuatro años a doce países de Latinoamérica y el Caribe, según el borrador del IV Plan Director de la Cooperación Española que se aprobará antes de que acabe el año.
Se trata de un plan “realista” en cuanto a objetivos, “que responde al contexto en el que estamos no solo en España, sino internacional”, indicó ayer el responsable de cooperación del Gobierno español, Gonzalo Robles, durante la presentación del texto en el Senado (la Cámara Alta del Parlamento).
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En total, el Ejecutivo español concentrará sus esfuerzos en cooperación internacional en un máximo de 23 países, frente a los cincuenta en los que se distribuyó entre los años 2009 y 2012.
Los doce países de América Latina y el Caribe a los que se destinará la ayuda al desarrollo son Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.
También se hará en cuatro del norte de África y Oriente próximo: Mauritania, Marruecos, la población saharaui y los territorios palestinos.
La ayuda española se distribuirá además a otras tres zonas del África subsahariana occidental (Mali, Níger y Senegal), en tres de África central, oriental y austral (Etiopía, Guinea Ecuatorial y Mozambique) y una en Asia, Filipinas.
DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO
Durante los próximos cuatro años la cooperación española cerrará o rediseñará, asimismo, veintinueve programas de países que existen actualmente, además de algunas unidades de cooperación en el exterior, aunque en algunos casos, como en Túnez, se pueden convertir en oficinas regionales.
Entre los objetivos de esta cooperación estará el de consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho, reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis y promover oportunidades económicas para los más pobres.
Igualmente se buscará fomentar sistemas de cohesión social y promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. También se avanzará en la lucha contra el hambre, mejora de servicios sociales y el saneamiento y conducción de agua potable a zonas rurales.
La partida consignada a cooperación ascenderá a 2,048 millones de euros (2,648 millones de dólares) en 2013, lo que supone un 0.20 por ciento del PIB español.
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