Tegucigalpa/ACAN-EFE
La Ley Especial para depurar a la Policía de Honduras, aprobada por el Parlamento el 24 de mayo, ha permitido evaluar hasta ahora a 1,200 de los 14,000 policías del país, de los que 230 “reprobaron” alguna de las pruebas de confianza, informó el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva.
Funes, miembro de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, creada por Lobo en marzo pasado, manifestó el viernes que la depuración policial es “lenta” por la falta de recursos y porque el país no está “preparado para encarar el proceso”.
La Comisión de Reforma la integran, además de Funes, el secretario de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell, el excarabinero de Chile, Aquiles Blu, y los hondureños Víctor Meza y Omar Casco.
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Para la fuente esa ley ha sido un instrumento “muy efectivo” para obtener “importantes” resultados en la depuración de la Policía, aunque no los esperados por la ciudadanía, que a diario clama por justicia y que cese la violencia en Honduras, uno de los países más violentos del mundo.
La polémica ley dio potestad al director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, para practicar “pruebas de confianza” a los agentes y oficiales de la institución, muchos de ellos acusados de estar involucrados en actos criminales, que si no las aprueban, son despedidos.
Las evaluaciones, que incluyen pruebas de polígrafo, sicológicas y antidrogas, se han realizado en un “ambiente de controversia”, ya que algunos altos jefes policiales aseguran que violentan sus derechos y han pedido a la Corte Suprema de Justicia (CJS) que declare inconstitucional la medida.
Esta ley ha “facilitado” el proceso de depuración de la Policía, indicó Villanueva, quien urgió a los poderes ejecutivo y legislativo prorrogarla de nuevo.
El presidente Porfirio Lobo informó el sábado que la próxima semana el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad enviará al parlamento un proyecto para ampliar por seis meses más esta ley, que incluirá “algunas observaciones” de la CSJ para que la ley “no sufra complicaciones por inconstitucionalidades”.
Pese a que la ley especial de Depuración de la Policía hondureña venció ayer, Villanueva aseguró que las pruebas de confianza se seguirán realizado, pero bajo “nuevos procedimientos administrativos”, que no precisó.
El 25 de octubre pasado, las autoridades de la Policía de Honduras informaron que unos 99 oficiales de la institución, entre ellos 24 comisionados y jefes, quedaron sin mando, tras someterse a las pruebas de confianza, como parte del proceso de depuración.
Desde noviembre de 2011, la Policía de Honduras está en proceso de depuración debido a las múltiples denuncias contra agentes y oficiales involucrados en delitos como homicidios, narcotráfico, extorsión, secuestros y robo de vehículos, entre otros.
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