El desarrollo de Nicaragua no ha sido sostenible. Un desarrollo sostenible implica no solo un aumento del PIB per cápita, sino sostenibilidad: social, institucional, política y ambiental. La “edad de oro” del crecimiento del PIB de Nicaragua fue el período 1946-1977. A pesar de la dictadura de los Somoza —gracias a la expansión de la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial y a adecuadas políticas económicas—, Nicaragua experimentó en ese período el mayor crecimiento económico en toda su historia. Sin embargo, en esos años, aunque hubo crecimiento no hubo desarrollo. No hubo sostenibilidad social —ya que el modelo era concentrador y excluyente—, ni sostenibilidad ambiental, ni sostenibilidad institucional, ni política. La dictadura de los Somoza y luego el intento de construir un modelo socialista autoritario implicó la ausencia de instituciones democráticas y de sostenibilidad política, lo que llevó a la guerra civil de los ochenta al derrumbe económico, del que aún no nos hemos recuperado plenamente.
Después del hundimiento de la economía en los años ochenta, la tasa de crecimiento del PIB promedio anual, durante todo el período 1990-2012, ha sido moderada —escasamente del tres por ciento—, lo que no ha permitido recuperar el PIB per cápita que, hoy por hoy, es menor —en dólares constantes— al alcanzado en 1977. Aunque hubo un positivo repunte exportador desde el año 2000, las exportaciones per cápita del 2012, son menores —en dólares constantes— a las de 1977. En el subperíodo reciente 2007-2011 la tasa de crecimiento promedio anual del PIB fue de 2.9 por ciento, menor a la alcanzada en 1990-2006, que fue de 3.2 por ciento. Para el 2012 el FMI estima que la tasa de crecimiento del PIB será del 3.7 por ciento, lo que difiere de la proyección de la Cepal, que será del cinco por ciento. Para el 2013 y para los próximos años, la tasa potencial de crecimiento se proyecta en alrededor del cuatro por ciento anual, proyección sujeta al riesgo de una mayor desaceleración de la economía mundial.
Las tasas de crecimiento del PIB observadas en los últimos años han sido insuficientes para lograr una mejora significativa en el nivel de vida de la población. Casi la mitad de los nicaragüenses continúan en situación de grave pobreza, sobreviviendo con menos de dos dólares diarios. Además no se alcanzarán varias de las metas del milenio en materia social. Por su parte, el salario real mensual descendió —en córdobas constantes— de 1,671 córdobas en el 2006, a 1,451 córdobas mensuales —en valores constantes— en 2012. Para aumentar los salarios reales y reducir significativamente la pobreza se necesita alcanzar de manera sostenida tasas de crecimiento no menor del siete por ciento anual y crear empleos de calidad, para mejorar realmente el nivel de vida de la población. Actualmente más del cincuenta por ciento de la fuerza laboral se encuentra en situación de subempleo, con ocupaciones precarias de reducidos ingresos. El mercado laboral formal —los afiliados al INSS— alcanza apenas al 21 por ciento de los trabajadores.
En materia de política económica, desde 1990, Nicaragua abandonó el modelo estatista de los años ochenta y adoptó políticas de libre mercado, las que han continuado sin interrupción hasta el 2012 y continuarán en los próximos años. De manera positiva, y dejando aparte la retórica de un proyecto socialista inexistente, Nicaragua ha aplicado —y seguirá aplicando muchas no todas— de las políticas fondomonetaristas y neoliberales, que son las que han permitido lograr un moderado crecimiento, que es sin embargo insuficiente. En el aspecto positivo se firmará un nuevo acuerdo con el FMI en el 2013. En el aspecto negativo, muy difícilmente se hará una verdadera reforma tributaria y la reforma a la Seguridad Social afectará sobre todo a la juventud.
El reto para el futuro es lograr lo que nunca se ha logrado en la historia de Nicaragua: un desarrollo que sea sostenible: económico, social, ambiental, e institucional y políticamente. Ello implica no solo lograr crecer de manera sostenida al siete por ciento anual —como ya se logró en los años sesenta—, sino que ese crecimiento sea socialmente incluyente, respetando el medioambiente y con instituciones democráticas en un verdadero Estado de Derecho. El autor es doctor en Economía.
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